Qué ves cuando los ves. Criminalización de la pobreza: el rol de los medios de comunicación

Por Tatiana Hirschhorn*

La mirada de los otros

En la Argentina, los medios de comunicación construyen una imagen de las personas cuya posición económica está por debajo de la línea de pobreza[1] y viven en zonas carenciadas (habitualmente conocidas como “villas miserias”) que se asocia a la delincuencia y a una escala de valores éticamente cuestionada; los medios de comunicación incentivan la asociación entre pobreza, delincuencia y lugar de residencia[2]. ¿Qué hacer frente a este panorama? Quizás, una de la respuesta posibles sea generar un debate más abierto a la hora de producir informes periodísticos, haciendo hincapié en la responsabilidad social que les cabe a los/as periodistas en su rol de comunicadores sociales.

En general, los medios de comunicación coinciden en atribuir al medio social la responsabilidad por las conductas de las personas. No obstante, como veremos a continuación, los medios omiten referirse a cuestiones estructurales y procesos sociales como factores que inciden a la hora de cometer un delito. Esta lectura contribuye a la criminalización de la pobreza y no da soluciones concretas a las problemáticas expuestas. “Además de satanizar al rebelde, fomentar el odio y legitimar guerras, los medios deben colaborar en que los ciudadanos se sientan inseguros y en peligro. Hay que despertar en el individuo la necesidad de sentirse protegido mediante métodos y cuerpos que operan con la violencia”[3]. En este sentido, merece destacarse otra función de los informes periodísticos, que es la de constituir formaciones que operan como discursos de clausura: cierran, no permiten la mirada cercana, simplifican y funcionan como obstáculos epistemológicos para el conocimiento del otro[4].

La construcción de estereotipos[5] a través de los medios de comunicación no es un fenómeno privativo de nuestro país. No obstante, el caso argentino presenta ciertas  particularidades, producto de la cultura política argentina y del rol de los medios de comunicación. En línea con esta última afirmación, las raíces históricas del proceso descripto inicialmente y la preponderancia que han adquirido los medios de comunicación en tanto constructores de imágenes se explican teniendo en consideración dos circunstancias.

En primer lugar, la necesidad que tenemos las personas de vernos reflejados en otro para, desde esa imagen que el otro tiene de nosotros mismos, construir nuestra identidad. El hombre, en tanto animal simbólico, no reacciona a los acontecimientos, ante las cosas que efectivamente suceden y que han ocurrido ya, sino a las “expectativas de acontecimientos”. Lo que el hombre sabe –sus conocimientos, sus previsiones-, tiene sobre él un efecto reflejador, que se descuenta por anticipado. Es el conocido asunto de las profecías (verdaderas) que se autodestruyen y, al revés, de las profecías (creídas) que se autorrealizan[6].  He aquí la influencia que ejercen los estereotipos sobre las personas: construyen una imagen en la cual nos sentimos reflejados.

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que en la década de los noventa, sucedió en nuestro país un proceso que recibe el nombre de focopolítica. En este sentido, Leguizamón (2003)[7], considera que en los ´90 los Estados Latinoamericanos experimentaron profundas transformaciones derivadas de la aplicación de las políticas públicas y en especial, de las políticas sociales. En estas últimas, emergieron nuevas formas de gestión de la pobreza a través de las denominadas políticas de desarrollo social como forma predominante de intervención social sobre un mundo cada vez más creciente de pobres. Entendiendo al Desarrollo Social como la materialización, a nivel de políticas sociales nacionales, del discurso del Desarrollo Humano y a la “focopolítica” como la herramienta que el Desarrollo Social utiliza para llevar adelante el “ataque a la pobreza” la autora ve un quiebre con los artes de gobernar anteriores.  La hipótesis de Álvarez Leguizamón es, cuanto menos, interesante: “(…) el Desarrollo Humano promueve paradojalmente políticas de acceso a apenas ciertos mínimos biológicos no tan humanos. Junto a esto dice fortalecer capacidades (por medio del incentivo a la participación, la capacitación para la gestión y el reforzamiento de las redes primarias). Se trata de convertir “activos” (recursos escasos para los pobres) en satisfactores de sus necesidades. Esto requiere de una revalorización y economización de las relaciones de reciprocidad no mercantiles, menos institucionalizadas a nivel local, como la autoayuda, por medio de un proceso de asignación de valor económico a estos vínculos, denominados en el sistema discursivo del Desarrollo Humano como capital social. Por ello promueve la comunidad como lugar de su realización. Junto a otros mecanismos de exclusión, produce un mundo cada vez más dual y excluyente entre una “economía social” o “mundo de pobres” donde priman relaciones no mercantiles, la promoción de la autogestión de la propia pobreza y la producción informal; junto a otro mundo: el de la lógica del mercado y la “economía política”, el lucro y la competencia”. La focopolítica significa el paso de una economía política de la población a una economía política de las asociaciones intermedias y de la comunidad. La autora propone “abordar aquí las formas en que se va constituyendo e institucionalizando la focopolítica del desarrollo social en la Argentina, la manera como se van naturalizando dispositivos de intervención y categorías de poblaciones, en fin nuevos artes y estrategias de gobierno que pretenden resolver los riesgos de fractura social a partir de la generalización de tecnologías tutelares asistenciales. Esto para un grupo cada vez mayor de población sin trabajo, empobrecida y sin cobertura de protección laboral y social estatal o de seguro vinculada al trabajo”.

Las dos circunstancias descriptas, sumadas a los alcances y a la llegada que tienen en la actualidad los medios de comunicación –producto del desarrollo y aplicación de diversas TICS[8]- han acrecentado la relación entre lugar de residencia, pobreza y delincuencia que desde los medios se propaga. Mientras los medios de comunicación se constituyen en un espacio de referencia en las sociedades actuales, la focopolítica fue el punto de vista desde el cual se consideró a la pobreza como un estadio susceptible de ser modificado por sus propios actores, sin tener en consideración las raíces estructurales del proceso. “Como sabe cualquiera que escuche radio o vea televisión no parece existir un consenso claro entre los supuestos expertos mediáticos y los políticos acerca de cómo relacionar la precariedad material con la proclividad a cometer delitos. Mientras algunos sostienen que efectivamente la pobreza genera delito, otros afirman que no es así. Muchas veces hay cuestiones ideológicas involucradas en el debate. Por ejemplo: algunas personas que opinan desde una perspectiva humanista (o progresista) tratan de desvincular el crimen de la marginación social. En estos casos el objetivo es evitar que los pobres sean estigmatizados y que se los califique como moralmente indignos y pasibles de sanción. El justificado temor de quienes sostienen esta posición es que la asociación casi automática entre pobreza y criminalidad lleve a los gobiernos a instrumentar políticas que castiguen a los marginados; y que, como consecuencia directa de esa visión, se adopten medidas tales como cercar o allanar salvajemente las villas miseria y los barrios populares, entre otras variantes del método excluyentemente represivo. Desde un ángulo ideológico radicalmente opuesto se suele sostener un argumento similar según el cual, finalmente, la pobreza y el acto delictivo se moverían en esferas separadas. Sólo que, desde este punto de vista, se tiende a negar que el delito tenga causas sociales para atribuirlas fundamentalmente a la perversidad moral del delincuente y así justificar el incremento del castigo. Muchas veces, por eso mismo, quienes defienden la adopción de políticas de mano dura suelen negar que la pobreza se relaciones con la delincuencia”[9].  La relación entre pobreza y delito está mediada por un muy extenso conjunto de factores que hacen que a veces ésta se verifique, pero en muchos casos no existe tal asociación.

Marco normativo

Llegado este punto del análisis, es preciso referirse a la Ley de Radiodifusión N° 22.285[10] -vigente hasta el año 2009- cuyo artículo 18 indicaba que “La libertad de información tendrá como únicos límites los que surgen de la Constitución Nacional y de esta ley. La información deberá ser veraz, objetiva y oportuna. El tratamiento de la información por su parte, deberá evitar que el contenido de ésta o su forma de expresión produzca conmoción pública o alarma colectiva. La información no podrá atentar contra la seguridad nacional ni implicar el elogio de actividades ilícitas o la preconización de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Las noticias relacionadas con hechos o episodios sórdidos, truculentos o repulsivos, deberán ser tratadas con decoro y sobriedad, dentro de los límites impuestos por la información estricta”. La redacción amplia de la norma y el contexto en el cual surgió –un gobierno de facto- torna difícil llenar de contenido los conceptos de decoro y sobriedad.

El hecho de conformar una única visión sobre las condiciones de vida de los/as habitantes de las villas miserias, sin tener en consideración las opiniones divergentes contribuye a elaborar un estereotipo que servirá como vehículo de futuras conductas discriminatorias.

En este contexto, la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual[11] brinda una herramienta a la hora de abordar con responsabilidad la difusión de noticias, atendiendo particularmente a la posible creación o reproducción de prejuicios que pueden impactar de modo concreto en los derechos fundamentales de las personas. Esta norma indica en su artículo 2º que “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles. La condición de actividad de interés público importa la preservación y el desarrollo de las actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión. El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la promoción de la diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de su prestación. En particular, importa la satisfacción de las necesidades de información y comunicación social de las comunidades en que los medios estén instalados y alcanzan en su área de cobertura o prestación”. El artículo 3 establece como uno de los objetivos para los servicios de comunicación audiovisual y los contenidos de sus emisiones “La participación de los medios de comunicación como formadores de sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de comprensión de la vida y del mundo, con pluralidad de puntos de vista y debate pleno de las ideas”. Otro de los objetivos es “Promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.

El artículo 70 de la norma mencionada indica “La programación de los servicios previstos en esta ley deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o induzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes”.

La problemática que este artículo plantea cobra especial relevancia si tenemos en consideración que en el Decreto N° 1225/2010, reglamentario de la Ley N° 26.522, no se incluyó la reglamentación del artículo 70. Si bien no existe un concepto uniforme de “discriminación motivada en el lugar de residencia”, la situación es encuadrable en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[12], cuyo artículo 2 establece que: “1. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos; 2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social; (…)”.

A la luz de este instrumento internacional de derechos humanos y de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el lugar de residencia no puede convertirse en un factor de discriminación hacia las personas. Por otra parte, al establecer relaciones entre el lugar de residencia y la delincuencia, los medios de comunicación debieran ser lo más cuidadosos posible, haciendo expresa mención a las fuentes de información utilizadas. Esta recomendación está basada en que esta relación carece de asidero científico. Para confirmar lo antedicho, basta con remitirse a las campañas políticas donde se promete “luchar contra la inseguridad”, sin especificar acciones y objetivos concretos. Lo mismo puede decirse sobre nociones como “peligroso”, “problemático”, “inseguro” y “violento”. En este sentido, si bien es insoslayable la responsabilidad del Estado de garantizar a todos y todas los/as habitantes del país la igualdad de oportunidades en el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, no debe minimizarse la importancia que cabe a los medios de comunicación como actores sociales.

La libertad de expresión y el principio de no discriminación

Entiendo que mi propuesta podría ser cuestionada desde el punto de vista de la primacía y especial garantía que merece la libertad de expresión. Sin embargo, esas críticas podrían ser contestadas teniendo en cuenta el hecho insoslayable que implica que si bien es indubitable la amplia protección que el derecho nacional e internacional otorgan a la libertad de expresión, debe valorarse en la misma medida la prohibición de discriminación. Según Roberto Gargarella[13] no debemos sujetarnos estrictamente a conceptos tales como “no hay derechos absolutos”, sino que debemos partir de una concepción según la que los derechos básicos lo son porque ameritan una especial consideración, tanto en relación con otras necesidades políticas como en relación con otros derechos constitucionales y en relación con distintas subclases de ese mismo derecho, siendo la libertad de expresión un ejemplo ilustrativo de lo antedicho. El autor citado sostiene que la libertad de expresión no debe ser desplazada por necesidades coyunturales; que por su centralidad para la vida democrática este derecho merece una protección especial frente a una eventual confrontación con otros derechos; y que por las mismas razones, distintas expresiones merecen diversos grados de protección.

Esta defensa especial de la libertad de expresión puede ser caracterizada a partir de dos pautas principales:

• Es necesario que todos/as los/as miembros de la comunidad puedan expresar sus puntos de vista;

• Es necesario que tales puntos de vista puedan ser confrontados unos con otros, en un proceso de deliberación colectiva.

La mera posibilidad de que se desprenda un prejuicio estigmatizante de los informes emitidos por los medios de comunicación habilita un debate amplio al respecto, sin que ello signifique una injerencia en la libertad de expresión de los mismos. Es decir, no se trata de una intromisión en la libertad de expresión, sino de una evaluación de dichos informes, en tanto que su contenido sería, cuanto menos, ofensivo y lesivo del derecho a la dignidad, del derecho a la igualdad y del principio de no discriminación que ostentan quienes residen en villas miserias. Sin pretender influir en el ejercicio de la libertad de expresión de los medios de comunicación en general, y de los comunicadores sociales, en especial, una herramienta útil es aquella conocida como derecho de rectificación o respuesta, prevista en el Artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[14]. Este mecanismo ofrecería, en principio, a los habitantes de las villas miserias la posibilidad de declarar públicamente su postura con relación a su modo de vida y la posibilidad de evaluar la veracidad o no de las afirmaciones vertidas en los informes periodísticos.

Llegado el siglo XXI, conocido como “la era de la informática”, continuar y reproducir este tipo de estigmatizaciones hacia las personas que habitan las villas miserias constituye una actitud que nos obliga, como sociedad, a cuestionarnos el rol de los medios de comunicación. Múltiples factores se tornan centrales en esta cuestión: la falta de regulación normativa en cuestiones relativas a Internet; el monopolio y la concentración en la propiedad de los medios de comunicación; la existencia de personas que en virtud de sus condiciones de vida se ven impedidas de acceder a dichos medios y que no pueden expresar sus ideas; la parcialidad a la hora de informar y otras tantas cuestiones relativas a la “comunicación política”.  Un debate amplio y la toma de conciencia a la hora de informar nutrirán y enriquecerán el debate, haciendo a la sociedad más democrática.

* Abogada.

[1] La “línea de pobreza” es un indicador mide si el ingreso de los hogares puede satisfacer un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales (vestimenta, educación, salud, etc.) incluidas en la llamada Canasta Básica Total (CBT). Esta definición surge de http://www.desarrollosocial.gov.ar/notas/nota3.asp.

[2] Corresponde indicar que el episodio que relate al inicio de trabajo traslada el lugar de residencia a “la calle” como espacio de referencia. Como aclaré más arriba, es un ejemplo ilustrativo que no se ciñe estrictamente al objeto de este trabajo.

[3] Serrano, P. (2009). “Medios violentos. Palabras e imágenes para el odio y la guerra”. La Habana; Cuba: Editorial José Martí.

[4]Chaves, M. “Juventud negada y negativizada: representaciones y formaciones discursivas vigentes en la Argentina contemporánea”.

[5] Un estereotipo es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.

[6] Sartori, G. “La política, lógica y método en las Ciencias Sociales”.

[7] Álvarez Leguizamón, S. “La invención del desarrollo social en la Argentina: historia de “opciones preferenciales por los pobres””. Este artículo es parte de la Tesis de Doctorado en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Sevilla denominada “Políticas asistenciales, pobreza y representaciones sociales” defendida en marzo de 2003.

[8] Tecnologías de la Información y la Comunicación.

[9] Míguez, D. (2010). Los pibes chorros. Estigma y marginación. Buenos Aires, Argentina: Capital Intelectual.

[10] Buenos Aires, 15 de setiembre de 1980.  Si bien se menciona sólo los artículos pertinentes para el presente trabajo, esta norma contenía otras “joyitas”, como su artículo 5, referido a la “moral cristiana”.

[11] Ley N° 26.522, sancionada el 10 de octubre de 2009 y promulgada el 10 de octubre 10 de 2009.

[12] Atento lo dispuesto en el artículo 75, inc. 22, de la Consitución de la Nación Argentina este intrumento internacional de los derechos humanos goza de jerarquía constitucional.

[13] Gargarella, R. (2009). Constitucionalismo y libertad de expresión. En Gargarella, R. (Coord.), Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Tomo II. Buenos Aires, Argentina: Abeledo Perrot.

[14] Este instrumento goza de jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional.