Femicidios: alcances y repercusiones. Por Tatiana Hirschhorn

Por Tatiana Hirschhorn*

Conforme el Observatorio de Femicidios en Argentina  “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en el período comprendido entre el 1º de Enero y el 30 de Junio de 2011, se registran en nuestro país 151 femicidios y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas y  8 femicidios “vinculados” de hombres y niños. Estos datos han sido recopilados de las Agencias informativas Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial así, como el seguimiento de cada caso en los medios.

El término femicidio ha sido traducido al castellano y usado de dos maneras: como “femicidio” y como “feminicidio”. Sin embargo, ninguno de los términos ha sido de momento admitido por la Real Academia Española. Si bien en sentido estrictamente filológico “feminicidio” es más correcto (unión de los elementos femenino + cidio), al tratarse de un neologismo, que surge directamente del análisis feminista y que pone énfasis en el carácter misógino del asesinato, parece más conveniente usar “femicidio”, ya que se acerca más al sentido original en inglés, en tanto permite establecer una relación diferenciada más clara con el concepto de “homicidio” (Diccionario de estudios de género y feminismo. Coordinado por Susana B. Gamba. 1ª edición. Buenos aires, Argentina: Biblos. 2007).

Al hacer referencia al asesinato misógino de mujeres y niñas, el concepto de femicidio permite entender que la muerte de mujeres a manos de sus esposos, amantes, padres, novios, pretendientes, conocidos o desconocidos, así como las muertes de mujeres en abortos ilegales o por negligencia, no son el producto de situaciones inexplicables, de conductas patológicas o de la casualidad. Por el contrario, estas muertes de mujeres son el producto de un sistema estructural de opresión. El femicidio expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones entre lo masculino y lo femenino, y muestra una manifestación extrema de dominio, terror, vulnerabilidad social, de exterminio y hasta de impunidad. Estas muertes son la forma más extrema del terrorismo sexista, motivado mayoritariamente por un sentido de posesión y control de los hombres sobre las mujeres (Diccionario de estudios de género y feminismo. Coordinado por Susana B. Gamba. 1ª edición. Buenos aires, Argentina: Biblos. 2007).

En diciembre de 2011 Perú incorporó a su código penal el delito de “femicidio”, entendido como la muerte de una mujer a manos de su pareja, que será condenado con una pena de cárcel de 15 años. La ley señala que “si la víctima es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor o estuvo ligada a él por una relación análoga tendrá el nombre de feminicidio y será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años”. Otros países latinoamericanos incluyen dentro de su legislación penal esta figura.

En la Argentina, a la fecha, no existe una figura penal que contemple el femicidio. No obstante, la creciente cantidad de crímenes que revisten tales características han llamado a la reflexión sobre la necesidad de contemplar una figura que abarque a esta clase de delitos. Actualmente, distintos proyectos legislativos incorporan esta figura a nuestro sistema jurídico.

Particularmente interesante resulta el proyecto de ley firmado por las/os diputadas/os Diana Conti, Alicia Comelli, Juliana Di Tullio y Mariano West, que propone modificar el artículo 80 del Código Penal de la Nación Argentina, que quedaría redactado de la siguiente manera: “Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: 1º A su ascendiente, descendiente, cónyuge, o con quien mantiene o ha mantenido relación de pareja, sabiendo que lo son. (…) 4º Por placer, codicia, odio racial, religioso o de género”.

Este proyecto de ley, que será debatido oportunamente, contempla la figura del femicidio sin caer en un derecho de autor. En términos del derecho penal, no todo homicidio cuya víctima sea una mujer constituirá un femicidio. Tampoco todo homicidio cometido por un varón encuadrará en dicha figura. Efectivamente, numerosos crímenes de odio cometidos contra la comunidad GLTTB podrían ser incluidos en esta figura, en tanto la figura penal refiere al homicidio por odio de género.

Otro proyecto que resulta interesante es el presentado por las/os diputadas/os Claudia Gil Lozano, Alicia Terada, Juan Carlos Moran, Héctor Piemonte, Fernando Iglesias, Patricia Bullrich y María Fernanda Reyes. Esta proyecto incurre en un detallismo que podría considerarse excesivo, al establecer que el objeto de dicha ley consiste en combatir y sancionar la violencia contra las mujeres ejercida por su condición de tales, en sus dimensiones física y económica. Con excesivo, me refiero a que este preciosismo en la norma pueda dar lugar a considerar que todo destrato hacia una mujer constituye un delito pasible de reproche penal. Asimismo, esta clase de normas deja en segundo plano la Ley Nº 26.485, “Ley de Protección Integral a las Mujeres”, que constituye un cuerpo preciso y detallado en materia de derechos de las mujeres.

En este orden de ideas, este proyecto señala que el femicidio es la acción de dar muerte a una mujer por su condición de tal valiéndose de cualquiera de las siguientes circunstancias (entre otras) “a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de convivencia, de intimidad o noviazgo con la víctima; ) Mantener en la época en que se perpetre el hecho o haber mantenido con la víctima, relaciones conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo y relación laboral; c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima; d) Como resultado de ritos grupales usando o no armas de cualquier tipo; e) En menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o cometiendo actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación; f) Por misoginia”. Este proyecto contempla la definición de conceptos tales como el maltrato físico y la violencia económica. El régimen sancionatorio propuesto consiste en incorporar como art. 79 bis del Código Penal de la Nación el siguiente: “Se aplicará reclusión o prisión de 12 años a 35 años al que diere muerte a una mujer por su condición de tal valiéndose de cualquiera de las circunstancias enumeradas en el art. 2 inc. 1 de la presente ley”. Asimismo, incorpora como. 80 bis del Código Penal de la Nación el siguiente: “Se impondrá reclusión o prisión perpetua pudiendo aplicarse lo dispuesto en el art. 52 del Código Penal al que matare: a) A su ascendiente o descendiente sabiendo que lo son. b) A una mujer que presente una discapacidad sensorial, física o mental, total o parcial, temporal o permanente. c) A una mujer mayor de sesenta y cinco años de edad. d) A una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores al parto. e) En presencia de los hijos o las hijas menores de edad de la víctima o del autor del delito”. También propone incorporar como art. 89 bis del Código Penal de la Nación el siguiente: “Se impondrá prisión de 6 meses a dos años al que causare en el cuerpo de la mujer dolor, daño y/o cualquier otra forma de agresión que afecte su integridad física.”. Finalmente, el artículo 6° de este proyecto propone incorporar como art. 90 bis del Código Penal de la Nación el siguiente: “Se impondrá prisión de dos a ocho años si el daño causado sobre el cuerpo de la mujer produjere una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida de la mujer, la hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro”. Artículo 7°: También propone incorporar como art. 91 bis del Código Penal de la Nación el siguiente: “Se impondrá prisión de cinco a doce años, si el daño causado a la mujer produjere una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir”.

Estos dos proyectos sucintamente esbozados constituyen la expresión de dos técnicas legislativas muy diferentes, cuya evaluación y pertinencia corresponderá al Poder Legislativo en conjunto con el Poder Ejecutivo (recordemos que en nuestro país, corresponde al Poder Ejecutivo la promulgación y consecuente publicación de las leyes, en los términos expuestos en nuestra Constitución Nacional).

En lo que aquí interesa, corresponde señalar que más allá de la información suministrada por distintas organizaciones de la sociedad civil, no existen en nuestro país datos oficiales certeros respecto a la cantidad de “femicidios” perpetrados. Esta circunstancia encuentra fundamento, principalmente, en que no existe una definición legal del término. El derecho penal constituye la ultima ratio del sistema jurídico. Esto significa que el sistema jurídico acude al derecho penal cuando no existe otra alternativa mejor. La utilización desmedida del término y su encuadramiento por parte de los medios de comunicación conlleva a una banalización del término. Sin embargo, también merece mencionarse que son los medios de comunicación y el trabajo realizado desde distintos ámbitos de la sociedad civil los que han visibilizado y puesto en agenda esta cuestión que parecía naturalizada y ocultada desde diversos sectores.

La ausencia de legislación adecuada en esta materia entraña dos problemas de suma gravedad. Por un lado, la ausencia de datos certeros en los términos antes referidos. Por otro lado, deja en mano de los medios de comunicación la categorización de estos crímenes. Esta última situación deriva en que las noticias relativas a femicidios hacen foco en las vidas privadas de las mujeres asesinadas minimizando la cuestión y circunscribiéndola al ámbito privado, cuando en realidad, se trata de una problemática social, cuyas causas y consecuencias constituyen una cuestión de Estado.

Asimismo, como sociedad, debemos llamarnos a la reflexión respecto a cuáles son los verdaderos motivos de los femicidios. Por qué motivos el cuerpo de las mujeres se constituye en un objeto apetecible de ser aprehendido; por qué motivos los cuerpos de las mujeres pueden constituirse en un bien de cambio pasible de ser desechado cuando devienen problemáticos. Por qué motivos consideramos que se trata de casos aislados y por qué razones, evitamos interceder ante situaciones de violencia que llaman nuestra atención. Obviamente, este análisis merece cuestionar la noción de individualismo y ampliar nuestra perspectiva de la realidad, incluyendo la perspectiva de género en nuestros diagnósticos políticos e incorporando el análisis de las situaciones particulares como manifestaciones de fenómenos sociales.

* Abogada.