María José Lubertino: “La ciudad de Macri está de espaldas a la Nación: es una ciudad amurallada, excluyente y xenófoba”. Entrevista exclusiva de Iniciativa a la Legisladora porteña.

Reportaje de Daniela Carrara y Ariel Goldstein

Entrevistamos en exclusiva a María José Lubertino, Diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Bloque de Encuentro Popular para la Victoria. La legisladora es abogada, ex-Diputada Nacional y ex-Presidenta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Reconocida militante feminista, opinó acerca de la gestión de Macri, las problemáticas de la Ciudad y el escenario político-electoral del 2011. Leer más.

¿Cuál es su evaluación de la gestión de Macri en la Ciudad de Buenos Aires?

Mi valoración sobre la gestión de Macri es altamente negativa. Si bien nadie tenía expectativas en relación a que fuera una gestión con una impronta de solidaridad o justicia social, muchos porteños y porteñas creyeron que la gestión del PRO sería eficaz. Su campaña en 2007 hacía mucho hincapié en el prejuicio socialmente extendido sobre que un empresario, alguien que tiene dinero, puede garantizar una buena gestión. A tres años de gobierno, impera el signo de la desigualdad y, además, no ha sido una gestión eficaz. Macri gobernó con la perspectiva de un empresario que tomó el Estado como una empresa a ser fundida. Creció el endeudamiento, vendió patrimonio de la Ciudad, la gerenció con un perfil del negocio en el espacio público. Hemos desarrollado un informe que toma siete casos testigo que dan cuenta del avance de Macri sobre el espacio público por el que se tuvo que intervenir judicialmente. Tuvimos que judicializar, entre otros casos: con el tema de los túneles debajo de la Av. 9 de Julio, el puente Roca, los sapitos, los precintos. También hay ejemplos de casos judicializados por los propios vecinos, como las resonancias del Estadio Monumental de River o los reclamos en torno al Parque Lezama. Sistemáticamente, se dan situaciones de incumplimientos administrativos y legales. Esta ha sido la constante de la gestión.

Nuestro proyecto entiende que gobernar la Ciudad de Buenos Aires implica hacerlo de cara a la Región Metropolitana. Por su parte, la ciudad de Macri está de espaldas a la Nación: es una ciudad  amurallada, excluyente y xenófoba. Su confrontación constante con la Nación esconde su incumplimiento de los diferentes convenios establecidos entre ambas partes. Esto es parte de su lógica de culpabilizar al resto por su falta de eficacia. Culpa a la Nación, a la Prov. de Buenos Aires, a los que estuvieron antes, a los que están en el Conurbano. El papel de Macri se ve reducido al de un relator que informa acerca de los problemas de la Ciudad y sus responsables. Cuando uno gobierna asume un rol sabiendo el contexto político que le toca y a partir de allí intenta modificar el estado de cosas.

El problema es que la falta de responsabilidad va en detrimento de la población. La mortalidad infantil aumentó y los indicadores que él comparte -sacados de la galera- no están verificados de la manera en que se suelen verificar los indicadores, a través del Ministerio de Salud. Esto también fue expresado por otros diputados que conocen la temática. Esta gestión trata a los barrios más humildes como ajenos a la intervención del estado de la Ciudad. Lo único que ha hecho son intervenciones cosméticas y escenográficas.

Buenos Aires es la ciudad más rica del país, aumentó su PBI en un 40% durante los últimos 3 años, duplicó los impuestos e ingresos y es el distrito más autónomo ya que el 80% de sus ingresos son propios, lo que le permite contar con un margen importante de decisiones. A pesar de esto, la Ciudad sigue teniendo indicadores sociales bajos o muy inequitativos entre el norte y el sur. La desocupación y la subocupación sumadas ascienden a un 15% cuando a nivel nacional descendió hasta un dígito. Siendo un distrito rico, esto quiere decir que no hubo una política de empleo; no hay determinación para ejercer el poder de policía laboral para terminar con el trabajo informal; el propio gobierno porteño tiene trabajadores tercerizados en salud, en educación, en cultura y en las áreas sociales; y tampoco ha llevado a cabo la batalla contra el trabajo esclavo en la ciudad, donde hay talleres y obras de construcción clandestinas.

La falta de empleo, el descuido de la infraestructura en salud y educación, la falta de viviendas sociales y la sub-ejecución presupuestaria en transporte público son temas cruciales que deberán ser atendidos durante la próxima gestión. Para democratizar una ciudad y generar condiciones de igualdad hay que garantizar el transporte público de la ciudad. El subte es fundamental y una de las mayores promesas inclumplidas por Macri. No me opongo al MetroBus ya que es una segunda opción -no existiendo el subte- pero esta gestión no realizó los estudios de impacto ambiental, no hizo las audiencias públicas y hay dificultades en la previsión de estacionamientos en Liniers y Pacífico. Hay cosas que están mal y si no se judicializó es por la necesidad de que los vecinos puedan transportarse.

Por otra parte, también se existen beneficiarios de negocios por construcciones innecesarias, endeudamiento a tasas usurarias para después no hacer el subte, direccionamiento de licitaciones, causas judiciales, y otras irregularidades. Por eso, parte de la definición de las candidaturas porteñas tiene que ver con la ciudad de los negocios.

¿Qué evaluación hace del panorama electoral?

En este primer tramo electoral lo que estamos definiendo es el eje, y nosotros trabajamos para ganar y demostrar que la mayoría de los porteños no quieren el modelo de Macri y sí estamos a favor de una ciudad humana, inclusiva; una ciudad diversa, verde y cuente con una mirada en perspectiva metropolitana.

Tenemos muy buenos candidatos, cuadros y equipos técnicos, pero para gobernar la Ciudad y producir las transformaciones radicales que son necesarias no alcanza solo con nosotros. Se tendrá que confrontar con intereses creados que requieren la una unidad extendida del campo popular, aún en nuestra diversidad. En este sentido, con Filmus tenemos esta línea de pensamiento. Con Filmus vamos a reposicionar a Buenos Aires en el marco del proyecto nacional para cumplir los sueños de todos los porteños y porteñas que durante estos cuatro años hemos visto cómo se acrecentaron las desigualdades entre el norte y el sur de Buenos Aires.

La línea de trabajo, más allá de garantizar la continuidad del proyecto nacional y su correlato en la Ciudad para que los beneficios para los porteños sean parte de un proceso colectivo, también requiere de transformaciones internas en la estructuras del Gobierno de la Ciudad y de las Comunas, que van a requerir pulseadas que necesariamente implican ampliar el espectro para sostener la potencia de esos cambios.

Pino Solanas, si bien es respetable por su trayectoria y por su papel en el mundo de la cultura, no está interpretando desde su espacio correctamente la situación actual. Considero que falta mucho por hacer, por profundizar la distribución de la riqueza, la transparencia y la democracia, pero no es posible sin acompañar el proyecto iniciado en 2003 por Néstor Kirchner y continuado por Cristina Fernández. Todavía quedan actores que simbolizan el atraso del pasado y, aún con todas las contradicciones que tiene hoy el movimiento y el espacio K, hay margen al interior del mismo para dar las batallas necesarias y profundizar la transversalidad y todas aquellas cosas que hoy son más débiles.

Siendo una reconocida militante feminista y promotora de la diversidad sexual, ¿en esta área cuáles considera que son los temas pendientes?

Actualmente estamos impulsando la Ley de Identidad de Género, tema abordado también durante mi trabajo en el INADI a partir de la presentación de un proyecto de ley. Esta iniciativa ha sido consensuada por todo el movimiento de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTBI) como la principal prioridad, pero también hay muchos otros temas por discutir. Hemos presentado un proyecto de ley, muy importante, que tiene que ver con el trato a las personas trans en el ámbito de la salud pública de Buenos Aires. Considero que faltan políticas públicas activas que tengan destinatarios a la diversidad como objeto de inclusión. Por ejemplo, políticas educativas para la inclusión educativa en relación a las personas trans para que no pierdan el colegio secundario y puedan terminarlo. Políticas de inclusión laboral para que las personas trans puedan tener una inclusión laboral y protección en el sistema de salud. Dentro del esquema de la diversidad sexual, la prioridad deberían ser las personas trans y después ir hacia las asignaturas pendientes como la derogación del cuestionario de sangre (ridículo) que todavía se aplica en el ámbito de la salud. En el INADI nosotros habíamos creado una mesa de trabajo para dialogar con las sociedades de demoterapia, el Programa de sangre del Ministerio de Salud y con los actores de la diversidad. No se cómo seguirá avanzando esto pero esperemos que pronto se concrete.

¿Cuál es su mirada respecto de la situación del movimiento de mujeres y las políticas de igualdad de las mujeres en el país?

Ahí falta mucho más por hacer. En primer lugar habría que tener gobiernos más paritarios; tener una Presidenta mujer es muy importante porque eso cambia hasta la visibilidad de las mujeres en el poder. Tenemos varias ministras relevantes, sobre todo en cargos no tradicionales como Nilda Garré, primero en Defensa y ahora en Seguridad, la Ministra de la Producción, de Desarrollo Social, la Presidenta del Banco Central. Pero es necesario avanzar en mayor paridad; hay que trabajar todavía más en la articulación de las provincias y de la Nación en la lucha contra la violencia de género. La gran asignatura pendiente es la Educación Sexual, el cumplimiento de la ley nacional y de la ley de la ciudad. Asimismo, hay muchísimo para hacer en el ámbito laboral. En mi caso estoy impulsando el sello de equidad de género en empresas, así como el tema del cumplimiento de la ley de cupo laboral para las mujeres paritarias y el cupo sindical para las paritarias que no se están cumpliendo. Falta sancionar la ley de acoso sexual, sobre todo en materia laboral, para lograr la igualdad salarial, el no acoso sexual en el trabajo, corresponsabilidad de niños y niñas, y las licencias parentales que no han salido aun. En relación al tema de Educación inicial -desde 45 días a 5 años- tenemos una la batalla con el macrismo; mi principal proyecto de ley tiene que ver con la extensión de los jardines para todos los chicos de la ciudad. Hay alrededor de 100 mil chicos fuera de la educación inicial; no es sólo un derecho de la igualdad entre papás y mamás sino un derecho de los chicos.

Por otra parte, el gran tema ideológico y la batalla cultural es  por la legalización del aborto. Obviamente, de la misma manera que en su momento el colectivo LGTB ha decidido que el paso a seguir es la Ley de Identidad de Género, el movimiento de mujeres ha decidido que la batalla fundamental es la ley de legalización del aborto, aunque también el tema de trata y violencia contra las mujeres son igualmente graves, acuciantes y probablemente mucho más extendidos. Estas cuestiones se registran en buena medida en los medios de comunicación; espero que la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, como corresponde, para que no haya más violencia de género en los medios ni más sexismo, que es sistemático y reiterado. También tenemos, junto a la Diputada María Elena Naddeo, un proyecto de ley para eliminar a nivel local los avisos clasificados del Rubro 59, y también estuvimos trabajando con el diputado Raffo, de Proyecto Sur, y con la Diputada Maffia para modificar el código contravencional en muchos temas que realmente son discriminatorios para las personas trans en materia de prostitución. En la Legislatura no tenemos una correlación de fuerzas favorable para entrar en esas modificaciones, pero esperamos tenerla a partir del 10 de diciembre.

¿Cuál es la situación  en relación a dos cuestiones, la guía de abortos no punibles y la gestión en cuanto a salud sexual y reproductiva?

La gestión más decidida en este tema fue la del ex Ministro de Salud Nacional Ginés González García. Lo único que puedo decir es que el Consejo Nacional de la Mujer habló de este Protocolo en Naciones Unidas cuando rendía su informe. Tenemos recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, de Derechos del Niño y del Comité contra toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reiteradas de años sucesivos, que no solamente se refieren al Protocolo sino que además requieren que modifiquemos la legislación de fondo en los casos en que hay riesgo para la vida o la salud de la mujer -aunque no se entrometen con la legislación interna- porque está social y universalmente aceptado que hay casos donde está en riesgo la vida e integridad de las mujeres. Si no se atiende correctamente en las provincias, en los sistemas de salud público y privado, terminará con causas contra la Argentina a nivel internacional, como fueron las aquellas dos que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de violaciones, una de ellas, una adolescente con discapacidad de Guernica

¿Cuál es la situación en el caso de la Ciudad de Buenos Aires?

En la Ciudad de Buenos Aires existe una reglamentación. En el nivel hospitalario la están aplicando; lo que no logramos en la ciudad es que haya Educación Sexual. El Ministerio de Educación de la Ciudad es el de más bajo cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) de género. Eso es grave, porque su cumplimiento ayudaría a prevenir o evitar violencia, abortos y no hemos logrado que nos den los datos desagregados del Ministerio de Salud de la Ciudad sobre uso de anticonceptivos, tipo, distribución por Comunas ni tampoco logramos que nos informen sobre abortos por hospital, ya que es necesario saber cuántos abortos se hacen, en qué hospitales, cuales son los métodos que se utilizan para hacer estos abortos. Difundir estos datos ayudaría a que la gente supiera que esto es un derecho y no un pecado. Los casos de aborto no punible son legales. Aunque en Uruguay y Brasil no se han reformado las leyes, se redujo el año pasado la mortalidad materna por aborto a cero, por la implementación de la consejería pre y post aborto. No hubo ninguna mujer que murió en Uruguay por aborto. E incluso considerando que Tabaré Vázquez vetó la ley de legalización ampliada. Si con el Misoprostol se realiza la consejería, hay acceso a la información. Esto que en Uruguay se realiza en los centros de salud y en otros lugares, aquí en Argentina esta tarea la realiza el grupo “Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto” a través de su línea telefónica. La cuestión es que no hay mucha difusión sobre el uso del Misoprostol ya que se piensa que se está promoviendo un delito. En Brasil, en varias ciudades que gobierna el PT han avanzado con las consejerías pre y post aborto para que -aunque no hayan reformado las leyes a nivel nacional- el aborto esté permitido.