La libertad de prensa y sus cruzados.

Por Edgardo Mocca*

No es la primera vez, ni probablemente haya de ser la última, que un diario no llega a sus lectores a causa de un conflicto gremial; existen muchos precedentes en el país y en otros lugares del mundo. La metodología del “piquete” para concentrar sobre una protesta social la atención masiva tampoco nació en la madrugada del último domingo: se estableció como un método habitual de lucha en tiempos en que las resistencias contra los abusos patronales y las iniquidades sociales no tenían otras maneras de ganar visibilidad que no fueran trastornando la libre circulación por calles y rutas, y atrayendo de ese modo la mirada de los medios de comunicación.

En cualquiera de sus formas, el derecho a la protesta nace en colisión con otras libertades. De no aceptarse esta tensión entre distintos órdenes de derechos, no habría lugar alguno para la existencia del movimiento sindical y un amplio conjunto de organizaciones que sostienen las más variadas reivindicaciones sociales. Este sistema de protección al ejercicio de la protesta social forma parte del corazón político-jurídico de la democracia con credenciales tan firmes como la libertad de circulación, de contrato, de propiedad o de prensa. De modo recurrente se discute sobre los límites del derecho a la protesta, de modo de asegurar el funcionamiento de los sistemas básicos que aseguren la alimentación de la población, la dotación de energía eléctrica, la salud y otros servicios esenciales. Hasta hoy no se había instalado seriamente la idea de que la distribución de la edición dominical de un diario marcara límite alguno al ejercicio del derecho a la protesta.
Sin embargo, el episodio del bloqueo a Clarín produjo una seria conmoción política. Se pueden dar muchos argumentos que cuestionen el impacto del hecho; decir, por ejemplo, que hace bastante poco tiempo asistimos a un bloqueo de numerosas rutas centrales del país por un grupo de productores agrarios. Y agregar que ese bloqueo no duró doce horas sino noventa días. Que la protesta agraria produjo desabastecimiento de mercancías básicas y que su desarrollo incluyó no pocas situaciones de violencia y extorsión contra quienes pretendían eludir los piquetes. Y que muchos de quienes hoy se escandalizan por la protesta sindical fueron entusiastas adherentes a aquellos bloqueos de rutas.  En otro registro conceptual se podría agregar que la cuestión no hubiera pasado a mayores si, en lugar de Clarín, la protesta hubiera impedido la distribución de algún diario de alcance provincial, o incluso algunos de los diarios nacionales que sustentan líneas editoriales no enfrentadas de modo tan furioso contra el gobierno como el diario de Noble y Magnetto.
Pero la cuestión principal no es discutir la lógica de la conmoción política del domingo pasado sino reconocer su existencia, intentar explicarlas y pensar en la proyección futura del hecho. En principio, esa necesidad debería abarcar a todo el espectro político democrático, con independencia de su posición frente al gobierno nacional. Pero no es lo que hemos visto en estos días. La oposición respondió con una asombrosa unanimidad: cargó la responsabilidad del hecho al gobierno y desconoció toda causalidad del conflicto que no fuera la intención de silenciar al “periodismo independiente”. Una vez más la política sometida a la hegemonía de las grandes corporaciones. Una vez más la obsesión por el trato que los dichos de cada quien tendrían en las sucesivas ediciones gráficas, radiales y televisivas que a pesar de la “quiebra de la libertad de expresión” –curiosamente  denunciada desde los diarios, la radio, la televisión y la web-  seguiría produciendo el grupo Clarín y el resto de los oligopolios comunicativos. Una vez más la apuesta a que el escándalo mediático saque a la oposición de su ostensible carencia de iniciativa política autónoma.
El multimedios negó enfáticamente la existencia de cualquier conflicto con su personal. Sin embargo, su jefe de redacción, Ricardo Kirschbaum, sucumbió ante un inesperado y artero ataque periodístico: concretamente “sufrió” una repregunta por parte del periodista Jorge Rial y no tuvo tiempo de pensar en el modo de zafar de la situación. Terminó reconociendo que después de los despidos masivos de personal en 2000, Clarín no permite la existencia de una comisión interna gremial de su personal. Eso sí, agregó que él “no estaba de acuerdo” con la situación. Solamente faltaría preguntarles a Lanata, a Leuco, a Sarlo, a Giúdici, a Bulrich y a tantos otros si ellos sí están de acuerdo con esa flagrante violación del derecho constitucional a la organización sindical, que comete el grupo Clarín. Hasta ahora el lamentable coro de la obsecuencia se ha abstenido drásticamente de todo comentario al respecto. Pero la cuestión de la que aquí se trata es que hubo y hay un conflicto gremial en Clarín. Y su naturaleza es mucho más grave que una discusión salarial o de condiciones de trabajo. Porque compromete el orden de la libertad de las personas, tan meneado cuando se defiende al automovilista y su derecho a circular contra la existencia de piquetes y tan ignorado cuando se trata de un derecho de los trabajadores.
Justamente la naturaleza del derecho afectado explica la elección del método de lucha. La empresa consiguió durante muchos años invisibilizar el agravio antijurídico al que somete a su personal. Hasta se podría decir que si no existiera el conflicto político entre sus dueños y el gobierno nacional nunca la mayoría de la población del país se hubiera enterado de la existencia de esa degradación que constituye la negación de derechos gremiales. Los trabajadores recientemente “reincorporados” por la empresa deambulan por la planta del diario sin tareas, custodiados por patovicas y no siempre cobran su sueldo. No tienen el recurso normal de la huelga sencillamente porque no hay en la empresa ninguna institución que pueda organizarla. El único camino en la defensa de sus intereses es la posibilidad de producir un impacto político que le dé visibilidad a sus reclamos.
El efecto de la acción de protesta de los trabajadores constituyó un problema para el gobierno. Permitió la construcción de un clima de confusión y alboroto que nunca es el terreno que buscan aquellos que están ganando el juego. Que el centro de la atención no esté en las medidas del gobierno o en los resultados electorales claramente favorables en Catamarca y Chubut sino en la supuesta afectación de la libertad de prensa no es lo que se dice una ventaja para el kirchnerismo. Claro que ante el hecho consumado de la protesta, cualquier respuesta en términos de lo que explícita o implícitamente reclamó la oposición hubiera llevado a una situación más complicada todavía. ¿Qué hubiera pasado si se da la orden a la policía de desconcentrar por la fuerza a los trabajadores que protestaban? El costo de haberse ahorrado la impugnación de estos días hubiera sido la creación de un precedente muy grave: el de romper con el compromiso de no criminalizar la protesta sindical y social, en defensa de una patronal que viola ostensiblemente los derechos sindicales. Es decir que lo que la oposición mediática y política demanda es que el gobierno deje de ser lo que es.
Lo anterior no niega la existencia de un problema para el gobierno. En tiempos de tensiones y crispaciones políticas como los que vivimos –agudizados además por la proximidad de las elecciones- se pone a prueba la prudencia y la iniciativa política para impedir que causas justas como la defensa de los derechos sindicales y la no represión de los conflictos se constituyan en flancos débiles a ser utilizados por sus adversarios y enemigos. No debería admitirse que el significado de la no distribución se minimice y hasta se celebre el hecho porque supuestamente daña al grupo Clarín. En el medio, entre los grupos desestabilizadores y los partidarios del gobierno hay millones de personas, con cuyo juicio hay que contar si se aspira a la continuidad del actual rumbo político; que Clarín no esté en los kioscos no ayuda a ganar esas necesarias adhesiones. Por eso, el pronunciamiento unánime del Senado, sobre la base del proyecto oficialista, ha venido a poner las cosas en términos de racionalidad política: se rechaza la metodología del bloqueo (lo que crea un antecedente preventivo orientado contra su repetición) y, al mismo tiempo, se rescata la política de no represión a la protesta y se demanda a los empresarios el pleno reconocimiento de la libertad sindical y la solución de los conflictos por la vía de la negociación.
Ahora es el tiempo del diálogo entre la empresa y los trabajadores. Sería bueno que los términos de esa negociación tuvieran la adecuada trascendencia pública. Para que el alboroto incendiario deje paso a los argumentos.

*Revista Debate.