Sobre la Policía Metropolitana y las nuevas muestras de incapacidad del Gobierno de la Ciudad

Por David Bono

Desde el día de ayer, las acusaciones del Gobierno de la Ciudad al Gobierno Nacional en materia de seguridad, agitaron el aparente ambiente de calma en que nos encontrábamos.

Mientras la Ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, ha tomado numerosas medidas en materia de seguridad: pasó a la esfera del RENAPER la confección de documentos de identidad y pasaportes, renovó la plana mayor de la Policía Federal, relevó a más de la mitad de los comisarios porteños y en los últimos días anunció que los 1200 policías distribuidos en 114 lugares y que cumplen tareas adicionales en jurisdicciones de la Ciudad de Buenos Aires pasarán a patrullar las calles. Estos oficiales se sumarán a los 16.000 agentes que patrullan las 12.000 manzanas y las 3.000 calles porteñas. Esta medida está inscripta en un plan orientado a terminar con la disposición de policías en tareas meramente administrativas, y orientarlos hacia la prevención de delitos en la vía pública, que representan gran parte de los delitos denunciados, como lo hemos mostrado anteriormente en Iniciativa.

El Jefe de Gabinete Porteño, Rodríguez Larreta, declaró en los medios que iniciará acciones legales contra la Ministra Garré por incumplir la Ley 24.588. Esta ley garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, mejor conocida como “Ley Cafiero”. Larreta afirmó que la Ministra incumplió el Artículo 7 de la norma, pero tal vez olvidó completar la lectura del mismo, dado que establece que “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejercerá las funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales”, por tanto la Ley señala que la custodia específica de escuelas, no es competencia exclusiva de la policia federal.

En primer lugar, el Jefe de Gabinete porteño miente al tergiversar la realidad y el texto normativo. Aunque quizás posee cierto grado de amnesia, ya que tampoco recuerda la reciente Ley 2.894 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “Ley de Seguridad Pública”, que dió origen a la Policía Metropolitana, que establece en su Artículo 5 que “La seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y el Artículo 23 donde afirma que “La Policía Metropolitana coopera dentro de sus facultades, con la Justicia Local, la Justicia Federal…” es decir que debería responsabilizarse también por las tareas que hoy asumen los miembros de la Policía Federal”.

Es decir que Rodríguez Larreta, vuelve a intentar disimular las propias impericias e ineptitudes del gabinete de la Ciudad en inexistentes culpabilidades del Gobierno Nacional, ya las tareas adeudadas corresponden a la esfera de sus facultades. De todos modos, ha sido sistemática la práctica de culpar a la administración nacional por los problemas específicos de la Ciudad, así lo hicieron cuando el Ingeniero Macri denunció que no podía realizar ningún acto administrativo, en respuesta a un retraso de tranferencia de recursos por coparticipación equivalente a sólo el 10% de lo destinado por Presupuesto Nacional a la Ciudad.

Pero todas estas maniobras justificativas de la inutilidad del GCBA tienen un gran problema: porque desde que se creó la tan publicitada Policía Metropolitana – una suerte de reedición de la Policía de la Ciudad que estuvo en funciones hasta 1943 cuando se creó la Federal y paulatinamente fue entregando el control de la Ciudad- hasta la fecha este cuerpo policial citadino ha demostrado una y otra vez su incapacidad en materia de prevención del delito.

Más allá de los conocidos procesos judiciales iniciados con motivo de las escuchas a funcionarios públicos, ciudadanos y familiares del Jefe de Gobierno porteño – causa que se encuentra en curso – la Policía Metropolitana y sus pintorescos uniformes que pretenden imitar a la Policía de Londres, ha resultado una fuerza plagada de anomalías e irregularidades.

A poco de su creación, la nueva fuerza policial se hizo pública la existencia de un grupo parapolicial, la UCEP, que se encargaba de reprimir violentamente desalojos, estigmatizando vendedores ambulantes, inmigrantes, etc.

La amplitud de la norma que creó la Policía Metropolitana, no explicitó fehacientemente si los nuevos miembros del personal proveniente de otras fuerzas (Policía Federal, Gendarmería, etc.) debían tener impolutos antecedentes en materia represión y derechos humanos, lo cual fue advertido por el Director de Justicia de la ONG Poder Ciudadano, a poco de creada la nueva fuerza policial. Pero los escándalos por corrupción no se hicieron esperar. En primer lugar, se puede recordar el nombramiento como Jefe de la Policía Metropolitana a miembros del cuerpo policial vinculados al encubrimiento en la Causa AMIA, así como partícipes en la última dictadura militar. Sin dudas la idoneidad nunca fue un requisito, al menos para el más alto mando.

Siguiendo la tónica de los numerosos casos de corrupción que aquejan a la Policía Metropolitana, es interesante delinear algunos:

- Macri realizó compras por licitación directa – justificándolo en que estaba urgido – a empresas afines a su círculo. Así se compraron a Texicorp los uniformes, cuyo propietario es Alberto Kanoore Edul, sospechoso de la Causa Amia aparentemente encubierto por el Fino Palacios.

- Luego se compraron 850 pistolas Beretta PX4 Storm por 4 millones de dólares, es decir casi 20.000 pesos cada pistola, cuando en mercado el precio oscila los 600 pesos.

- Del mismo modo, el Fino Palacios decidió cambiar su automóvil por un Mercedes Kompressor, justamente en la misma agencia – Roycam – donde se compraron los 15 patrulleros y motocicletas.

Luego de la primera purga de la Policía Federal que hiciera Néstor Kirchner en 2004, Macri optó por recontratar en la “renovada” fuerza porteña a un gran número de ellos, olvidando sus antecedentes en materia de incumplimiento de la ley. Actualmente, y tal como reveló uno de los comisarios expulsados de la fuerza federal por la Ministra Garré, muchos de ellos esperan ansiosos su pase para poder inscribirse en la Metropolitana. Fue revelado ante un matutino “Me llamaron, nos reunimos, y ahora con la baja lista espero incorporarme”, demás está decir que numerosos efectivos pertenecieron a la macabra Superintendencia durante la última Dictadura Militar.

El nuevo responsable –civil – de la Policía Metropolitana es Burzaco, cuyo padre fuera Secretario de Medios del ex presidente Menem, y cuenta en su haber con numerosos contactos poco fiables como Barúa y Martino, quienes tal como detalla una carta anónima de personal policial indignado con los actos de corrupción – y que no se dio a conocer en ningún medio – se amenazan mutuamente con sus legajos. Martino fue expulsado de la Federal por enriquecimiento ilícito.

Tal vez, citando unos últimos actos de corrupción – no porque no existan más, sino porque resultarían extremadamente numerosos para esta nota- se puede mencionar la compra de un camión hidrante – por 32.000.000 de pesos – que se encuentra en las inmediaciones de Guzmán y Jorge Newbery y no ha sido estrenado hasta la fecha, sino que la compra se realizó al momento en que por problemas presupuestarios se negaban municiones a los agentes.

A las escuchas telefónicas, también se suman denuncias de los propios policías metropolitanos ante la Auditoría Interna, ya que dicen ser perseguidos por automóviles no identificados pertenecientes a la ciudad, que intentan comprobar que el almuerzo lo paguen y no lo piden. Esto sucede mientras los actos de corrupción colman la Policía Metropolitana.

A esto pueden sumarse algunas irregularidades como que el Jefe de Gobierno y su Ministro de Seguridad decidieron – aun cuando el Canciller Timerman denunció el hecho – enviar personal policial a capacitarse a El Salvador, en cursos organizados por Estados Unidos. Cualquier coincidencia con la historia reciente latinoamericana es pura coincidencia.

Muchos agentes migraron a la fuerza metropolitana por los auspiciosos salarios ofrecidos – para comenzar $3000 – pero se dieron cuenta que no se trataba de la realidad.  Tampoco recibieron noticias sobre la vivienda social que les habían prometido. Este es el caso de los policías expulsados por Kirchner y Garré de la fuerza federal.

Actualmente la Policía Metropolitana funciona en Agronomía, Chacarita, Parque Chas, Paternal, Villa Ortúzar y Villa Crespo, donde se los puede observar en sus pintorescos móviles pseudo londinenses o bien en su primera comisaría ubicada en Parque Sarmiento. Exactamente, el Jefe de Gobierno, quien suele quejarse por la “usurpación” del espacio público -por parte de ciudadanos estafados  por el desmembrado IVC- y que no asume la crisis habitacional porteña, decidió desoír la orden de la Jueza Seijas, que prohibió utilizar parte del Parque Sarmiento para la construcción de una comisaría. ¿Dónde radica el problema? que se encuentra enclavado en las 70 hectáreas del Parque Sarmiento, donde miles de personas realizan actividades deportivas y de esparcimiento. Allí el Gobierno Porteño decidió instalar una sala de armas repleta de explosivos, armamento y gases lacrimógenos entre otros elementos de “seguridad”. Es decir, en el caso de generarse algún problema que derivara en una explosión, miles de ciudadanos podrían morir. Evidentemente Macri no entiende que la función de la Policía Metropolitana es cuidar ciudadanos. La jueza explicó también que esta ocupación “podría servir de basamento para que una autoridad del Gobierno ordene construir un cuartel de bomberos en el Jardín Botánico, en el Rosedal del Parque 3 de febrero o, por qué no, en la Plaza de Mayo”.

En conclusión, el Ingeniero Macri asumió la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – más allá de sus aspiraciones presidenciales – prometiendo un plan integral de seguridad, y la creación de la Policía Metropolitana, un nuevo órgano, que permitiría superar los hechos de corrupción que durante décadas cubrió permitiendo disminuir el delito aumentando la prevención. Este nuevo cuerpo sería probo y honesto, aunque dichas características quedaron explícitamente olvidadas por los numerosos actos de corrupción que tiñen a la nueva fuerza.

Mientras la Ministra Garré elabora un nuevo plan de asistencia y prevención del delito, reorientando las acciones policiales y la configuración de la fuerza, Macri ha logrado un cuerpo de 2000 individuos sin capacitación alguna, resabios de otras fuerzas, que han sido expulsados debido a sus antecedentes. Es por esto que resulta sumamente importante preguntarse por las declaraciones de Macri, allá por el 2006. ¿Dónde quedaron los “Ciudadanos como cualquiera de nosotros, que viven en nuestro mismo barrio y que conozcan lo que sentimos sus vecinos. Con espíritu de superación y solidario. Una policía con la que nos identifiquemos. Una policía que defienda los intereses de todos”?

Hoy podemos preguntarnos por las actuales acusaciones: ¿no se trata de otra maniobra electoral que demuestra una vez más la ineptitud del Jefe de Gobierno? ¿No será otra maniobra que intenta desprestigiar al Gobierno Nacional mientras el Gobierno Porteño brilla por su ausencia e impericia? Los interrogantes son numerosos, pero lo que resulta evidente es la profunda incapacidad de gestión y sistemática mentira en que radican sus dichos: mientras violan la propiedad pública pretenden que la policia federal reprima a los vecinos desplazados por la crisis habitacional.