“Una campaña degradada”. Por Enrique Lacolla.

La descarada injerencia judicial de un tribunal incompetente en Tucumán es otro ejemplo de las asechanzas que cabe esperar en el camino que lleva al 25 de octubre.

Asomarse a las páginas de los diarios para seguir la información política de estos días, en Argentina, equivale a procurarse un emético para propiciar el vómito. Creo que nunca a lo largo de mi vida me tocó presenciar una campaña electoral tan degradada y tan vacía de propuestas como la que está  llevando a cabo la oposición en estas semanas que preceden al acto eleccionario del 25 de octubre. En realidad no se trata sino del clímax de una práctica que arranca de varios años atrás y que consiste, trámite la distorsión mediática, no sólo en negar los aciertos que ha podido tener el gobierno –junto a otras falencias que persisten como asignaturas pendientes, pero de las cuales la oposición prefiere no ocuparse- sino en mentir de la manera más descarada, en montar operaciones de terrorismo psicológico y en convertirse en la correa de transmisión del “círculo rojo”. Es decir, de los intereses vinculados a lo más granado del aparato financiero, oligárquico, empresarial y extranjerizante que ha modelado el patrón de la Argentina dependiente a lo largo de toda su historia.

Es evidente, a esta altura de las cosas, que lo que buscan es deslegitimar por adelantado el resultado, que descuentan desfavorable para ellos, de los próximos comicios. Para esto no sólo recurren a las añagazas que son moneda corriente en la política y forman parte de ella, sino a los golpes de efecto amparados por una parte de la Justicia. La reciente anulación de las elecciones en Tucumán por cuenta de la Cámara de lo Contencioso y Administrativo de esa provincia es un ejemplo de lo que venimos diciendo y un ominoso precedente respecto de lo que puede de suceder en el futuro. Qué se le ha perdido a ese tribunal en un terreno que es competencia de la Justicia electoral sería un misterio si no fuera porque encaja a la perfección en el encuadre denigratorio que se está preparando para los comicios de octubre. Más grave aún: por sí y ante sí esa cámara se arrogó la facultad de declarar inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que indica que la competencia judicial se determina por la materia de que se trata. Si para enmendar la constitución basta el capricho de dos jueces, el futuro de la institucionalidad en la Argentina pendería de un hilo. Para colmo el fallo no toma en cuenta ni aporta prueba alguna de un eventual fraude, sino que se remite a irregularidades de menor entidad, y a las denuncias formuladas en el programa del periodista Jorge Lanata, denunciador serial, junto a la diputada Elisa Carrió, de corruptelas y delitos nunca comprobados.

En esta misma tónica, el periodista Joaquín Morales Solá afirmó en La Nación de este miércoles que “esa decisión (la de la cámara tucumana) que anuló los comicios, tiene una carga demoledora para el gobierno kirchnerista, que entregará en diciembre un sistema electoral viciado por el fraude y con escasa legitimidad”. ¿Qué autoriza a este vocero a formular semejante apreciación? No hay nada en la gestión kirchnerista que aparezca probadamente manchado por el fraude. La reciente elección tucumana fue convalidada, en el escrutinio definitivo, por los fiscales de todos los partidos y por la Junta Electoral.

La aserción del escriba de La Nación, aunque sea un disparate, es un disparate para nada inocente, que exacerba a los antiperonistas impenitentes y que, por el contrario, subleva a quien se encuentre medianamente informado sobre la historia política de este país. Aquí el fraude fue ejercido siempre por las minorías que defendían el voto calificado y que, después de la irrupción democrática de las elecciones de febrero de 1946, sólo pudieron reproducir la ecuación a través no ya del escamoteo de las boletas en “la emboscada aleve del cuarto oscuro”, sino por medio de los golpes militares y de la proscripción lisa y llana, ¡durante 18 años!, del movimiento mayoritario.

Es posible que este manejo tenga patas cortas y sea enmendado en otra sede judicial en cuestión de días o semanas. Pero el daño estará hecho, y otro dato habrá contribuido a nublar la psiquis de los sectores que se inclinan a creer mal de todo lo que huela a popular y nacional, predisponiéndolos a una histeria colectiva similar a las del caso Nisman o la generada por la provocación montada en torno al rechazo a la ley 125. Es obvio que se está frente a un manejo destituyente, que tiende a negar a priori legitimidad a los comicios de octubre (a menos, por supuesto, que en ellos ganase Macri) y a generar un estado de estupor en la opinión so capa del cual se podrá obviar el tratamiento de los temas que de veras cuentan y que no son otros que los proyectos que las fuerzas en presencia deben presentar al electorado, reemplazándolos por el escándalo mediático, los golpes de efecto y unas propuestas de “cambio” que, en la práctica, sólo podrían remitirnos al peor de los escenarios posibles: una reviviscencia de la devastación neoliberal vivida entre 1976 y 2001, excepción hecha del brevísimo interregno de los primeros meses de la gestión Alfonsín.

Un aniversario con sabor a presente

El miércoles, el mismo día de la arbitraria decisión de la cámara tucumana, se cumplieron 60 años exactos de la llamada revolución libertadora. La historia tiene esas cosas; cuando menos se lo piensa, salta la perdiz. Aquí la perdiz es la evidencia de que el país sigue dividido en dos fracciones que replican la dicotomía de aquellos años. El panorama se ha complejizado mucho desde entonces, desde luego: las clases medias matizaron su anterior rechazo al movimiento popular, y las fuerzas armadas perdieron el papel de deus ex machina que retuvieron durante tanto tiempo y que las convirtió en vigilantes del orden imperante hasta que los horrores cometidos durante el proceso y el naufragio en Malvinas propiciaron su paulatina pérdida de influencia.

El 55 significó un retroceso brutal, que está lejos de haber sido superado. El levantamiento reaccionario abarcó un período de un año, desde el bombardeo a la Plaza de Mayo –el peor atentado terrorista cumplido en Argentina- hasta los fusilamientos de junio de 1956, hecho este último que consolidó la posición de los estamentos más antipopulares y antinacionales del ejército, que a partir de entonces se constituyó en el guardián incondicional del establishment.

Cualesquiera hayan sido los errores de procedimiento de los dos primeros gobiernos peronistas (el egotismo de su jefe, los rasgos atrabiliarios que empañaron su disputa con la iglesia, la omnipresencia de una propaganda aduladora, el servilismo de la burocracia administrativa y de los cuadros superiores del movimiento), lo cierto es que Perón fue derrocado no por sus desaciertos sino por sus aciertos: por la pertinencia del proyecto estratégico sudamericano que había elaborado, por el cambio social que había propiciado y por la capacidad que tenía para convocar a las masas y movilizarlas.

Ha costado mucho remontar, en parte, la cuesta que resultó de esa derrota. Y hoy nos encontramos nuevamente con un escenario donde se propugna la vuelta a lo peor del pasado, y se lo hace con un cinismo y un juego sucio que esconden la peor de las intenciones. Pero esta vez no pasarán.

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