“TRABAJADORES, INFLACIÓN Y PUJA DISTRIBUTIVA”. Por Nicolás Salerno Ercolani

El conjunto de los trabajadores y trabajadoras argentinos ven en estos últimos meses el encarecimiento de su poder adquisitivo producto de un alza de precios, cuya responsabilidad es casi exclusivamente de los grandes empresarios. La pulseada que el gobierno de Cristina viene sosteniendo en estos años contra los grupos económicos se sacudió con la devaluación de enero, que en los hechos significó el éxito de las maniobras de estos últimos para darle el brazo a torcer al Estado.

El aumento de la inflación es un indicador negativo en la puja distributiva para los sectores populares. Este año probablemente supere a los aumentos de paritarias, jubilaciones y asignaciones sociales. El índice de Gini también indica un retroceso al respecto. Asistimos a un escenario complejo configurado por varios factores.

Uno de ellos es la crisis internacional, eufemismo de un proceso de reconversión capitalista  que entraña la destrucción real de puestos de trabajo, derechos y protecciones sociales. Un dato concreto de la OIT arroja que de 2008  a la fecha la crisis dejó sin trabajo a más de 200 millones de personas a lo largo del planeta.

Otro factor al que aludimos arriba tiene que ver con las crecientes presiones de los grupos concentrados en nuestro país, no sólo a través de maniobras económicas en la fuga de divisas, evasión de impuestos y manipulación de precios; la reunión de los principales grupos en el Foro de convergencia empresarial, con un documento donde se prescriben como “políticas de estado”, la liberalización económica y la retracción del rol regulador del estado, tienen como objetivo operar en la disputa de poder político, planteando condiciones no solo al presente gobierno sino fundamentalmente a quien asuma luego de 2015.

El último factor refiere a los límites estructurales. La distribución del ingreso lograda a través del modelo de crecimiento con inclusión o la etapa del derrame inducido como la definen otros compañeros, está llegando a su tope. Superarlos implica pensar en modificar las estructuras de un edificio productivo concentrado y extranjerizado, atacar los pilares del capital bancario y financiero. Una tarea que exige más acumulación de poder popular, porque implicará muchas más pelea contra los sectores del poder.

El paro del 10 de abril

En este marco debemos caracterizar el paro organizado por una fracción del movimiento obrero el 10 de abril.  Convocado desde consignas como “contra la inflación y la inseguridad”, no tiene en cuenta las determinaciones señaladas, tampoco  denuncia ni señala a los grupos económicos responsables. Un paro de trabajadores aplaudido por La Nación y la Sociedad Rural, objetivamente es un paro contra-producente para los intereses de los trabajadores. Un paro que se ocupa exclusivamente de atacar al gobierno, que con todas las limitaciones y ambigüedades se ocupó de los trabajadores como lo hizo este gobierno, evidentemente merece nuestro rechazo.

La huelga del 10/4 confirma por lo menos dos cuestiones: la primera es que hay un sector de la dirigencia sindical que parece dispuesta a constituirse en funcional a una estrategia que en los hechos viene a clausurar el proceso de avance de los últimos diez años y tiene su expresión política más definida en el Frente Renovador. La segunda cuestión hace  a la fragmentación de la clase trabajadora, no sólo en lo que refiere  al posicionamiento frente al gobierno, sino fundamentalmente en lo que hace a sus preocupaciones e intereses. Mientras que para un grupo el mal denominado impuesto a las ganancias, constituye una inquietud central, una gran porción de los trabajadores lucha e intenta organizarse para conseguir el reconocimiento de su labor, como el caso de los sectores de la economía popular (changarines, cooperativas de programas sociales, cartoneros, etc)

Década ganada, avances y cuestiones pendientes

Durante la primera etapa del kirchnerismo en el gobierno de Néstor, el impulso de la actividad económica y la recomposición del mercado interno utilizó gran parte de la capacidad ociosa instalada, eso  implicó la creación muchos puestos de trabajo, el aumento del salario básico y la reactivación del mecanismo de paritarias, lo que tuvo efecto inmediato en la reducción del desempleo y el crecimiento del protagonismo sindical. En esa fase fue importante la alianza con el sector gremial liderado por Hugo Moyano.

En la segunda etapa del primer gobierno de Cristina esta tendencia continuó, aunque en forma morigerada. Se destacaron la implementación de políticas sociales como la AUH, que mejoró la situación de los trabajadores desocupados e informales, el lanzamiento de programas sociales con cooperativas,  como Argentina Trabaja (que lamentablemente involucionó hacia subsidios sociales sin trabajo digno) el monotributo social y el combate a la informalidad laboral en algunos sectores como el trabajo en el campo o el servicio doméstico.

Los avances experimentados por los trabajadores en el marco global de los gobiernos kirchneristas son incuestionables.  Ciertamente que  no impactan en forma uniforme sobre el conjunto. El mayor déficit de la etapa es la dificultad en superar los niveles de fragmentación y desorganización, producto de las tendencias globales de la reconversión del capitalismo en la etapa de hegemonía financiera y neoliberal, que en nuestro país comenzó con la dictadura cívico militar de 1976 y se agudizó durante los años 90, hasta  2001. Destrucción del aparato productivo, flexibilización laboral, despidos, suspensión de las negociaciones colectivas, fueron parte de un proceso que descuartizó el histórico nivel material, de conciencia y organización de la clase trabajadora argentina.

Esa segmentación hoy sigue operando en varias dimensiones: dividió a  trabajadores formales e informales, sindicalizados y no, provocó un proceso de  tercerizaciones  que sirven como excusa para otorgar menos derechos e ingresos, inclusive entre quienes realizan la misma actividad: un empleado de una empresa privada de recolección de residuos en la Ciudad afiliado al sindicato de Camioneros gana muchísimo más que un compañero que realiza la misma labor como empleado municipal en un pueblo de alguna provincia, lo que desvirtúa el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea”.

Esa fragmentación también se expresa en el nivel organizativo, no sólo por la existencia al día de la fecha de cinco centrales de trabajadores, que en algunos casos intentan representar a otras expresiones organizativas de la clase trabajadora, como las fábricas recuperadas, las organizaciones cooperativas de la economía social-asociativa, las nuevas cooperativas producto de los programas gubernamentales etc.

Unidad de los trabajadores

En este marco, avanzar hacia niveles de articulación y reconstrucción de  intereses comunes es una tarea sumamente compleja, pero que se vuelve imperiosa para quienes todavía pensamos que los problemas que surgen del trabajo, aún constituyen poderosas tendencias dinámicas para la reconstrucción de sujetos sociales  protagónicos en cualquier proceso de transformación.

Experiencias como la de la Red metalúrgica de Quilmes, que articula empresas autogestionadas de la actividad con la UOM; la CTEP,  el agrupamiento de cooperativas de trabajo, cartoneros, organizaciones campesinas, de lucha por la vivienda, reivindicando la organización de la economía popular, son sin dudas ejemplos concretos de la posibilidad de avanzar en esa dirección.

Profundizar este camino exige un debate ideológico y cultural muy profundo, sobre todo con la dirigencia de los gremios del movimiento obrero organizado, que muchas veces  todavía no reconocen a estas expresiones como organización de trabajadores. También con los propios compañeros, muchos de los cuales por niveles de ingreso socio-económico o por pautas de consumo cultural no se identifican trabajadores.

El proceso de unidad requiere fundamentalmente la sanción de una política de estado que reconstruya  estatutos de derechos. No puede haber trabajo sin derechos.

El 1ro de mayo y los desafíos de las organizaciones de trabajadores

Avanzar hacia mayores niveles de unidad entre los trabajadores y sus organizaciones es un objetivo estratégico para quienes militamos la concreción de un proyecto nacional y popular. El proceso de estos diez años  permite asumir este desafío en mejores condiciones. Se recuperaron herramientas valiosas y se logró cierta extensión de derechos. La defensa de ese patrimonio es condición necesaria para pensar cualquier progreso.

Consolidar y profundizar, como hemos planteado en otros artículos, son dos caras de un mismo proceso. Avanzar en conquistas y rearticular a los trabajadores poseen una dinámica similar, deben ser procesados como polos en tensión, pero no como una contradicción insalvable.

Amerita pensar en la posibilidad producir una agenda de discusión de los distintos sectores de la clase trabajadora. Que permita establecer una suerte de nuevo horizonte de discusión, que perfile las grandes cuestiones sobre las que el conjunto de la clase trabajadora merece debatir. A lo largo de la historia del movimiento obrero, este fue construyendo a través de diversos programas (la Falda, Huerta Grande, la CGT de los Argentinos, los 26 puntos) una especie de “horizonte común”. Construir la nueva plataforma de los trabajadores en el siglo XXI es el reto.

 

 

 

Posdata sobre la protesta social, piquetes y regulación

No podemos eludir el debate que hace a las propuestas de legislar sobre la protesta callejera. Saludamos el espíritu de la iniciativa, pues por lo menos reconoce la necesidad de una regulación que no puede ser la del código penal, pues la protesta social no debe ser criminalizada.

Al mismo tiempo lamentamos que hasta ahora quienes han elaborado proyectos parlamentarios hayan eludido el debate público y la mínima consulta a las organizaciones sociales. Es casi inadmisible que los diputados del kirchnerismo no hayan tenido la mínima delicadeza de consultar a los referentes de las organizaciones sociales y militantes de su propio espacio. Alude a una forma de comprender la relación entre la política y las cuestiones sociales que sería objeto de un artículo aparte.

Sin agotar todas las determinaciones del problema, nos parece relevante plantear el carácter social en la determinación de derechos y en el ejercicio de la protesta. Simplificando: toda la legislación social moderna parte del reconocimiento de capacidades diferentes y la necesidad de otorgar a los más débiles y desprotegidos condiciones que les permita equiparar esas desventajas.

Actualmente, la alusión a la necesidad de proteger el espacio público, establecido este como un espacio de ejercicio igualitario de derechos donde se realiza un falso ejercicio de contraponer un “derecho a la protesta” abstracto, versus un “derecho al tránsito o circulación” también abstracto, lo que pretende es evadir la discusión sobre las condiciones sociales de la protesta.

Es cierto que hoy es más difícil definir los términos. Hace 20 o 30 años atrás el conflicto social se desarrollaba centralmente en torno a los espacios de producción, la fábrica, la empresa. Los privilegiados eran los dueños, los patrones, y los débiles eran los explotados, lo obreros. Una huelga era una huelga y una paro patronal un lock out.

Pero sin duda, lo que no podemos dejar de lado y esto merece ser discutido, que no puede equipararse quienes cortan una calle para evitar ser despedidos o ven peligrar su fuente de vida, respecto de quienes cortan rutas nacionales en protesta por la reducción de su rentabilidad patrimonial.

 

1° Mayo 2014