“Dos hitos de la historia panameña: 9 de enero y 20 de diciembre”. Por Olmedo Beluche

Durante 2014 se conmemorarán 50 años de la Gesta Patriótica del 9 de Enero de 1964 y 25 años de la invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989. Dos acontecimientos que marcaron hitos en la historia nacional que, aunque son de naturaleza distinta, tuvieron un común denominador: la intervención militar del imperialismo yanqui para imponer su control sobre el canal y el istmo de Panamá a costa de una gran cantidad de muertos y heridos. La diferencia entre ambos sucesos está, no sólo en las causas inmediatas del conflicto, sino en la distinta situación objetiva y subjetiva de las fuerzas populares en cada momento lo que definió, en términos históricos, resultados opuestos que hoy seguimos sintiendo.

Nada en la historia de Panamá se comprende, al menos desde 1846 para acá, si no se interpretan adecuadamente el juego de los intereses de Estados Unidos en el Istmo, desde el resultado de la Guerra de los Mil Días, pasando por la Separación de Colombia hasta la Alianza Martinelli-Varela de 2009. Lo cual no quiere decir que las fuerzas sociales, económicas y políticas internas no jueguen autónomamente a sus intereses, pero sí que el imperialismo norteamericano siempre mete la mano para influenciar el juego e inclinar la balanza a su favor, aunque no siempre logra lo que pretende.

9 de Enero de 1964: una revolución popular antiimperialista

El 9 de Enero marcó un punto de quiebre de la política norteamericana en Panamá. En esa fecha estallaron 60 años de contradicciones acumuladas, fue una verdadera revolución popular en el pleno sentido de la palabra. Allí se hizo añicos el sueño de riquezas que la oligarquía panameña había pintado en 1903 para imponer un estado “independiente” que en realidad era un “protectorado”, es decir, una colonia norteamericana, así como el oprobioso Tratado Hay Bunau Varilla que entregó el canal a EE UU “como si fueran soberanos”.

Hay que recordar que los abuelos de nuestra oligarquía, desde 1903, se sintieron cómodos con la situación colonial, creyéndose yanquis de corazón. A los sectores populares, en cambio, les costó encontrar claridad en la construcción un proyecto político propio, pero desde el principio pusieron el pecho en la defensa de la soberanía, porque comprendieron que la prosperidad del país y la propia dependían de ella.

En 1964 eclosionó la experiencia acumulada del pueblo panameño, dirigida por sus sectores más combativos, que habían enfrentado la presencia colonial imperialista: en la Huelga Inquilinaria de 1925, en el Movimiento Antibases de 1947, así como las grandes gestas del movimiento estudiantil de los años 50, la Operación Soberanía y la Siembra de Banderas, en un ambiente fermentado por el influjo de la Revolución Cubana.

El 9 de Enero, al conocerse de la agresión sufrida por los estudiantes del Instituto Nacional, de la bandera mancillada por los “zonians”, de la brutal represión de la soldadesca yanqui, el pueblo panameño reventó de indignación y se hizo presente en masa, espontáneamente, para cruzar la cerca (nuestro “muro de Berlín”) y plantar una bandera.

Allí, en la barricada o simplemente tumbados en el piso en torno a lo que hoy es el “Palacio Legislativo”, miles se enfrentaron con valor a la metralla de los tanques, dirigidos por caudillos populares de las organizaciones de izquierda, desde algunas alas juveniles del Partido del Pueblo (Comunista) con Adolfo Ahumada o Víctor Ávila y otros, los de Vanguardia de Acción Nacional (VAN) de Jorge Turner y las huestes del Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) de Floyd Britton.

Un “pueblo” que socialmente era un “proletariado joven, vigoroso y en rápida expansión” (expresión del industrialismo de los 50-60), se organizó en los Comités de Defensa de la Soberanía. Esos comités fueron embriones de doble poder que llenaron el vacío de poder ante la ausencia del gobierno-estado oligárquico el cual se borró de las calles. Estos comités organizaron desde la consecución de armas, hasta la defensa y el ataque, y la organización civil que se expresó en donaciones de sangre y transporte de heridos a los hospitales. Al respecto, es recomendable leer: “Significado y consecuencias del 9 de Enero”, José Eugenio Stoute, Revista Mujeres Adelante No. 13, enero, febrero y marzo de 1989.

Una columna enorme de gente, entre 40 y 60 mil personas, según Stoute, rodeó la Presidencia de la República exigiendo armas para enfrentar la agresión imperialista. El gobierno oligárquico de Roberto Chiari, hijo del ex presidente Rodolfo Chiari, que en 1925 pidió la intervención militar de EE UU para aplastar la Huelga Inquilinaria, decidió dos medidas contrapuestas: una, encuartelar a la Guardia Nacional, para que sus armas no fueran usadas por el pueblo en defensa de la soberanía; dos, tratando de apaciguar la furia popular, rompe relaciones diplomáticas con Washington, una medida desesperada que no da cuenta de ninguna vocación nacionalista de la oligarquía, sino del pavor que sentía el gobierno ante la insurrección que amenazaba con entrar a la fuerza en el Palacio de las Garzas.

Tres días duró el pueblo insurrecto en las calles de las ciudades de Panamá y Colón. Tres días en que las acciones no se limitaron a plantar banderas, sino a enfrentar, con las pocas armas de que se disponía, a las tropas imperialistas. Hubo varios muertos reconocidos por el “gobernador” de la Zona del Canal. Tres días en que todo símbolo o propiedad de empresas norteamericanas fue saqueado y quemado, desde el famoso edificio de la aerolínea Panamerican hasta las sucursales bancarias del Chase Manhattan Bank. Decenas de automóviles con placas de la Zona fueron volteados y quemados a lo largo de las calles de la ciudad.

El gobierno que cobardemente se había escondido empezó a sacar a la Guardia Nacional de los cuarteles hacia el 11 y 12 de Enero. Pero no lo hizo para defender a la nación agredida, sino para detener a los dirigentes populares de la insurrección, una gran cantidad de los cuales fue a parar a la cárcel Modelo. La labor represiva de los gobiernos liberales de Chiari y Robles seguiría en los años subsiguientes, cebándose contra el líder estudiantil colonense Juan Navas, que había sido herido durante la Gesta de Enero y había viajado a la Unión Soviética para recibir tratamiento médico. A su regreso de la URSS, en 1966, fue arrestado por la policía política del régimen, torturado, asesinado y tirado su cadáver en el Corredor de Colón. A todo lo cual siguió un juicio para inculpar a sus compañeros del Partido del Pueblo de aquella ciudad.

El sacrificio de los mártires y la insurrección popular de 1964 no fueron en vano, sino todo lo contrario, una victoria que se fue configurando en el tiempo y que hoy se siente sobre el país: se impuso el criterio, hasta ese momento sólo sostenido por sectores populares de izquierda, de que había que acabar con el estatuto colonial de 1903, derogar el Hay-Bunau Varilla y negociar un nuevo tratado sobre el Canal de Panamá, que eliminara la “Zona”, las bases militares y traspasara la administración de la vía acuática en un plazo perentorio. El Tratado Torrijos-Carter de 1977 reflejó esas demandas, pese a sus enmiendas y al Pacto de Neutralidad.

La prosperidad económica que hoy campea sobre el país se debe, sin duda alguna, a la Gesta del 9 de Enero, porque está fundamentada en los ingresos que el canal está produciendo y que antes Panamá no recibía. Porque, contrario a lo que sostenía la oligarquía panameña que, hasta 1999, temía el retiro de las bases militares, se ha demostrado que: “la soberanía sí se come”.

Lamentablemente la prosperidad que el canal produce está siendo apropiada en su mayor parte por una clase social, que el Prof. Ricardo Ríos ha llamado los nuevos “zonians”, que no es otra que los descendientes de la misma oligarquía que vendió al país en 1903, que durante cien años actuó como aliada interna del colonialismo norteamericano y que acusó de “comunistas” a los líderes populares del 64 y de “saqueadores y ladrones” a los Mártires. Esa apropiación de los beneficios del canal, que es lo contrario de lo sostenido por Omar Torrijos cuando afirmó que se le debía dar el “uso más colectivo posible”, se debe al otro acontecimiento: la invasión norteamericana del 20 de Diciembre de 1989.

Los tres momentos del régimen militar

Para comprender la invasión del 20D, hay que comprender al régimen militar y al golpe de estado de 1968. En el libro “Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990)”, hemos señalado la existencia de varias causas del golpe de estado militar: el desprestigio del régimen oligárquico (mal llamado democrático) por la corrupción rampante (en circunstancias muy parecidas a las actuales, incluyendo alto crecimiento económico); la división en la cúpula de la clase dominante que se resistía a pagar más impuestos (parte del proyecto liberal de David Samudio bajo el lema “la reforma va”).

Pero un tercer elemento que gravita sobre la crisis del régimen político a fines de los años 60 y el golpe de Estado es el conflicto popular contra el sistema colonial de la Zona del Canal, que el 9 de Enero había puesto sobre la mesa, y que la oligarquía y sus gobiernos no podían resolver, atenazada entre su sumisión a los intereses imperialistas y las demandas populares dirigidas por una vanguardia revolucionaria muy activa, que se evidenció en el fracaso de los “Tratados 3 en 1″.

El régimen militar que se inició el 11 de Octubre de 1968 pasó por tres grandes fases:

1. La primera, altamente represiva contra las fuerzas populares pero también atravesadas por conflictos internos entre la oficialidad de la Guardia Nacional y la ausencia de un proyecto político claro (11/10/68 hasta el 16/12/69);

2. La segunda, que inaugura el régimen propiamente populista, encabezada por Omar Torrijos, en la que (pese a persistir represión puntual) hay un gran pacto con sectores sindicales y populares que se expresaron de diversas maneras (Código de Trabajo de 1971, Asamblea de Representantes, nueva Constitución Política, Asentamientos Campesinos, etc.), pero sobre todo lanzando una ofensiva política para demostrar la justeza de los reclamos panameños sobre el canal en una campaña internacional sin precedentes (Consejo de Seguridad de la ONU, política tercermundista y giras mundiales de Torrijos). Este segundo período, que va a durar de 1970 hasta la muerte de Torrijos en julio de 1981, va a producir una institucionalidad civil y militar impregnada de una ideología nacionalista (aunque no necesariamente antiimperialista) con gran respaldo popular.

3. La tercera fase del régimen militar panameño, la fase de decadencia y crisis, que se inicia a la muerte de Torrijos y va a terminar con la invasión de 1989, coincide con varios factores internacionales que le influencian: victoria del ultra conservador Ronald Reagan en Estados Unidos, que impone una vuelta al sometimiento político de América Central para enfrentar los procesos revolucionarios abiertos con la victoria sandinista de 1979, lo que incluye la liquidación del papel mediador de Torrijos y probablemente explique su muerte; la imposición del Consenso de Washington y el inicio de las políticas neoliberales; relacionado con eso, la Crisis de la Deuda Externa latinoamericana, iniciada en 1982.

La crisis, el giro a la derecha de los militares y la lucha popular contra el neoliberalismo

Esos factores marcan un giro a la derecha del Estado Mayor de la Guardia Nacional, tanto en el breve período dirigido por Rubén D. Paredes como bajo el mando de Manuel A. Noriega. En las elecciones presidenciales de 1984, que supuestamente debían marcar el fin del régimen militar y la vuelta a la normalidad democrática, Noriega pacta con Estados Unidos la imposición de Nicolás A. Barletta como candidato presidencial de oficialismo. Barletta era un “chicago boy” ducho en la política neoliberal (venía de ser vice presidente del Banco Mundial para América Latina) que se imponía a nuestros países en esa época. Tanto la Guardia, como la embajada norteamericana, como la “oposición” (por omisión) terminaron avalando el fraude electoral para imponer al “hombre de los gringos”.

Barletta impuso un duro paquete de “ajuste” que incluso dividió al sector torrijista afincado en diversos sectores gremiales, los cuales organizaron la Federación de Empleados Públicos (FENASEP), que libró varias huelgas generales durante el año de gobierno de Barletta. Otros sectores sindicales organizados, como educadores, médicos, CONATO, etc., realizaron diversas huelgas.

Entre 1984 y 1985 se dio en Panamá la mayor ola de huelgas que recuerde nuestra historia hasta el presente. Éste fue el inicio de la crisis del régimen militar: la lucha de los trabajadores contra las medidas neoliberales impuestas por un régimen fraudulento en que los militares mandaban por detrás, con anuencia de Estados Unidos y de la oligarquía financiera y comercial.

El descontento popular escaló a un punto de quiebre en septiembre de 1985, cuando fue asesinado Hugo Spadafora. Noriega, cuya renuncia exigían las masas, forzó la de Barletta, pero no para retornar a la política populista (keynesiana) de los años 70, sino para sostener el acuerdo neoliberal con EE UU y las IFI’s encabezado por el empresario Eric Del Valle, ex vice presidente de Barletta. En marzo de 1986 se impusieron a sangre y fuego las primeras reformas al Código de Trabajo. Todavía a mediados de 1987, cuando se da otra escalada de la crisis, Noriega fuerza la expulsión de Roberto Díaz Herrera de las Fuerzas de Defensa con el argumento de que es el que no quiere entenderse con los empresarios (ver intervención de Noriega en CADE 87).

La ruptura política entre los trabajadores organizados y el pueblo en general con el régimen militar se profundizaba a cada momento, acicateada no sólo por la aplicación del neoliberalismo, sino también por la falacia del régimen ´”democrático” títere de los militares. Pero esa ruptura no era capitalizada por los partidos de “oposición” (Panameñista, PDC y Molirena) porque la gente los recordaba como los representantes de la oligarquía corrupta de antes de 1968.

De manera que, en medio de las movilizaciones masivas de junio de 1987, Estados Unidos toma dos medidas preventivas: promueve la creación de la Cruzada Civilista Nacional como un referente político de recambio (con la participación de partidos oligárquicos y gremios empresariales) y empieza tenuemente a sugerirle a Noriega que ponga una fecha para su retiro para hacer creíble a la gente que se había pasado del régimen militar al “democrático”.

La invasión fue posible por los actos antipopulares, antidemocráticos e inconsecuentes del régimen militar

A falta de una fuerza política de izquierda antiimperialista libre de la tutela de los militares (que existían pero sin influencia de masas), la Cruzada Civilista capturó la simpatía de amplios sectores del pueblo que había luchado contra imposiciones económicas y antidemocráticas del régimen militar. Irónicamente, decenas de miles marcharon bajo las banderas de un referente político (la Cruzada) que era en esencia lo opuesto a sus demandas. Por el otro lado, los sectores gremiales y sindicales antiimperialistas, que percibían la maniobra norteamericana y oligárquica, se vieron entrampados en la retórica nacionalista que asumía Noriega para sostenerse en el poder, a sabiendas de que era inconsecuente con su discurso.

A lo largo de 1988, la Cruzada se encarga de desmovilizar (no estaba en su naturaleza promover una revolución) para dejar en manos del gobierno de EE UU que resolviera lo de Noriega, con sanciones económicas e intervención militar. En el otro extremo del campo popular (el lado antiimperialista) la última lucha independiente que se dio fue en Septiembre de 1989, con una nueva ola huelguística duramente reprimida con presos y despidos masivos.

La última fase de la crisis, durante 1989, se jugó en el campo de la burguesía y el imperialismo, bajo una gran represión al movimiento sindical, sin movilizaciones y con una crisis económica gravísima producto de las sanciones norteamericanas que implicaron desempleo masivo y rebaja salarial. La actuación independiente de la clase trabajadora y su vanguardia fue aplastada o muy mediatizada entre las dos fuerzas burguesas: la cúpula militar y la cúpula empresarial de la Cruzada.

La poca confianza política que podía levantar el general Noriega y su séquito la quemó en mayo de 1989 cuando utilizó el nombre de los Batallones de la Dignidad (formados para enfrentar la agresión norteamericana) para apalear a los candidatos de la oposición en Santa Ana. La guinda del helado fue el fusilamiento de los golpistas del 3 de octubre. El desconcierto y la desmovilización, junto a la actitud pro yanqui de la Cruzada y la traición de Noriega y sus coroneles, dejaron la puerta abierta a la invasión del 20 de Diciembre de 1989. La izquierda independiente de los militares condenó la agresión y la invasión imperialistas, pero sin capacidad de movilización (Para mayores detalles del acontecimiento consultar: La verdad sobre la invasión, publicado por las editoriales Manfer, S.A. y Portobelo).

Dos legados contrapuestos: 9 de Enero y 20 de Diciembre

Mientras en el 9 de Enero fue protagonista el pueblo trabajador encabezado por una vanguardia antiimperialista con un claro proyecto de liberación nacional; la invasión del 20 de Diciembre se produjo en medio de la parálisis, la perplejidad y la confusión de los sectores populares.

El 9 de Enero fue una revolución popular victoriosa (aunque su materialización demorara en el tiempo) que nos heredó la descolonización de la Zona del Canal, la desaparición de las bases militares y el traspaso de la administración del canal a Panamá. Sus efectos nos llegan hasta hoy, cuando la bonanza económica que se vive tiene su fundamento principal en la reversión del canal y el aumento de sus aportes a la economía nacional, aunque sean cuestionables los criterios que se están utilizando para repartir sus beneficios.

El 20 de Diciembre, en cambio, el imperialismo yanqui pudo imponernos el régimen económico neoliberal que había fracasado con Barletta, disfrazándolo de “democrático”. La invasión permitió al imperialismo norteamericano reimplantar el régimen tutelado y oligárquico de antes del 68, incluso acariciar la permanencia de bases militares disfrazadas de combate a las drogas (CMA de Pérez Balladares), aunque luego ha impuesto acuerdos de seguridad más sutiles. La invasión también hizo posible mediatizar el triunfo del 9 de Enero con un Título Constitucional y una Ley Orgánica que convirtió la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en una entidad controlada por la oligarquía que no luchó por la soberanía (los nuevos zonians) y de la que pueblo quedó excluido, hasta ahora.

Superar los efectos negativos de la invasión para que el pueblo panameño pueda recibir una proporción mayor de los beneficios que genera el canal, requerirá la estructuración de un gran movimiento de carácter antiimperialista, antineoliberal, democrático y popular que asuma el poder político para sacar del poder a la oligarquía vendepatria.

(*) Olmedo Beluche, sociólogo, profesor de la Universidad de Panamá e integrante del Movimiento Popular Unificado (MPU). Publicado en Rebanadas de Realidad.