“DESESTABILZACIÓN POLICIAL, NUEVO CAPÍTULO DE LA DISPUTA ENTRE LA DEMOCRACIA Y LAS CORPORACIONES DEL PODER”. Por Nicolas Salerno Ercolani

La situación que vive nuestro país en los últimos días presenta una gravedad particular. Las protestas de los efectivos policiales de varias provincias, combinado con saqueos, la mayoría en las zonas periféricas o suburbanas de varias ciudades (Córdoba, Santa Fe, Concordia, Jujuy y Tucumán) tienen causa en una cantidad de cuestiones, al  tiempo que  expresan fuertes déficits en el marco de una democracia que cumple 30 años con avances, limitaciones y muchos desafíos.

Queremos empezar esta reflexión manifestando nuestra preocupación compartida con muchos compañeros, respecto del carácter desestabilizador y deliberadamente orientado a generar zozobra y temor social que se visibiliza en gran parte de estas acciones.

Es evidente que las protestas gremiales de las fuerzas de seguridad no pueden ser equiparadas a las de ningún sector social. Quienes por definición detentan el poder de la coacción y el ejercicio del orden no pueden protestar armas en mano por sus problemas sectoriales. Menos utilizar ese poder con un medio de presión, abandonando y librando a la suerte al resto de la sociedad.

En muchos casos quedó demostrado que esta no fue una omisión de las fuerzas policiales, sino que combinaron a manera de movimiento de pinzas, su retiro de zonas y barrios enteros con aquellos que se dedicaron al saqueo y la violencia. Existen denuncias e investigaciones de sobra que prueban la vinculación de estas mismas fuerzas con las redes del delito y el narcotráfico. Esta vinculación obró efectivamente en muchos lugares como mecanismo de desprotección y desestabilización durante estas jornadas.

La acción colectiva al servicio del desequilibrio debe ser denunciada y repudiada por el conjunto de las fuerzas populares y democráticas. Dicho esto conviene sumergirnos en analizar algunas cuestiones que podríamos denominar en una primera impresión como “los déficits que el neoliberalismo dejó y no pudimos reparar y los nuevos problemas producto de la década ganada”.

Las fuerzas de seguridad

Una de las cuestiones que se expresaron es la deuda del sistema político democrático respecto a la política en esta materia de seguridad y centralmente lo que refiere a los cuerpos de seguridad.

Instituciones policiales formateadas en la filosofía represiva de la dictadura y fundamentalemente, herederas de las formas alternativas de “ingresos” en base a la constitución de “cajas”, producidas con evidente arbitrariedad e ilegalidad.

Son estas mismas fuerzas de seguridad, que hoy reclaman comprensión y respuestas por su situación salarial las mismas que ya en la etapa democrática, sin ningún tipo de miramientos reprimieron todas las protestas de aquellos compatriotas que en los momentos más difíciles y oscuros solicitaban por cuestiones de dignidad mínima, como la falta de comida.

Ciertamente que gran parte de la dirigencia política no constituyó una política para reformar los marcos institutivos  de estas fuerzas, sino que mayoritariamente delegó la política de seguridad en la auto-conducción de las mismas, en una especie de acuerdo tácito para no entrometerse en los negocios policiales a cambio de una regulación de la conflictividad social y los márgenes grises de la delincuencia. El modelo paradigmático de este acuerdo fue la “bonaerense” de Ruckauf y Duhalde.

Los gobiernos de Néstor y Cristina modificaron significativamente algunas de estas cuestiones. En primer lugar replanteando el rol de la intervención de las fuerzas represivas en el conflicto social, paralelamente con una serie de descabezamientos de las cúpulas de la Policía Federal. Luego del conflicto en el parque Indoamericano de la capital, se produjo la conformación del Minsterio de Seguridad con el objetivo de contituir una política de estado en la materia.

A pesar de estos avances, existe un déficit incuestionable que sólo tendrá principio de resolución en la medida que se produzca una profunda reestructuración de la organización y  la formación de las fuerzas de seguridad para ponerlas finalmente en el camino de una política de seguridad ciudadana y democrática.

Para ello es necesario discutir la “desmilitarización” de estas fuerzas, acabar con el autogobierno de las mismas y la necesidad de coordinar las distintas fuerzas (policías, prefectura, gendarmería) para ser eficaces en la lucha contra el delito organizado, junto con la participación de organiciones civiles y ciudadanas en la elaboración y aplicación de las políticas de seguridad.

En este marco también resulta imprescindible la discusión sobre la necesidad de constuir canales y organizaciones que permitan las discusión sobre los salarios y condiciones de trabajo de los integrantes de las fuerzas.

La desarticulación del tejido social

La destrucción del tejido social es otro de los desafíos que nuestra democracia deberá profundizar. La sangrienta dictadura cívico-militar, en función de llevar los objetivos de su política económica y social antinacional y antipopular, dirigió sus esfuerzos a la destrucción vía represión de todas las organizaciones libres del pueblo. El asesinato y desaparición física de miles de militantes y dirigentes de sindicatos, partidos, iglesias, clubes y otras, fue un golpe durísimo para quienes hacian de la organización social y la solidaridad una bandera y un modelo de vida social y comunitaria.

El segundo gran golpe contra la organización social fue la operación de disciplinamiento instrumentada por los grupos económicos a través de la hiperinflación de finales de los 80, que finalmente también resultó el final del gobierno alfonsinista. El gran trauma social de aquellos que veía la volatilización de sus ingresos y bienes, constituyó un terreno fértil para la instalación posterior de todo el sistema de ideas y prácticas del modelo del “individuo-consumidor”.

Los años 90 fueron los de hegemonía del esquema social mencionado. El modelo económico de saqueo y exclusión arrojaba a la calle o empobrecía a millones de personas. En paralelo se propugnaba un sistema que hizo del Mercado el gran organizador de las prácticas y los valores sociales.  Basado en las ideas del éxito individual y el acceso al consumo como la única medida de realización personal y reconocimiento social.

La reacción del 2001-2002 contra las consecuencias más lacerantes de este modelo recién comenzó a tener una respuesta desde una política estatal a partir del 25 mayo de 2003. El fortalecimiento del sistema productivo significó la posbilidad para muchas personas de reordenar su vida y sus valores desde el trabajo. Posteriormente la extensión de la cobertura social y la implemtación de medidas como la AUH también conformaron un piso de dignidad para los sectores mas postergados.

Los saqueos de estas semanas, generalmente dirigidos a pequeños comercios, muchos de ellos situados en los mismos barrios periféricos, donde participaron personas de la misma vecindad, tuvieron como contracara de la misma moneda la respuesta de comerciantes y empleados que frente a la desprotección policial decidieron defender su propiedad y fuentes de trabajo armas en mano- Son imágenes y elementos que nos deben llevar a preguntarnos por el grado de articulación y solidaridad social y sus avances y límites.

Aquí conviene volver a aclarar lo siguiente: la naturaleza de estos sucesos no puede compararse con el grado de miseria y necesidades que motivaron acciones sociales de la misma índole en otros momentos históricos, dicho de otra forma: esto no es el 2001.

Pero es evidente que quien por las motivaciones que fuere, que llevan a una persona a arriesgar su vida por saquear la mercancía  que fuese, o las que llevan a empuñar un arma para enfrentar el vaciamiento de un negocio, nos hablan de una situación de deterioro del tejido social que se verifica en el marco de estas acciones.

Habrá quien argumentará que frente a este tipo de desastres sociales la aparición de acciones motivadas por la desesperación es casi natural. Lo mismo ocurriría frente a un cataclismo como una inundación o un terremoto. Por otra parte estos hechos confirman el poder terrorial que manipulan las fuerzas policiales y la “regulación” que ejercen la actividad delictiva. Pero también queda claro que la acción de violencia sobre los territorios liberados abona en un caldo de cultivo pre-existente.

Economía rentística, desigualación social  y el “apartheid” urbano

Los ingentes esfuerzos gubernamentales por ampliar los márgenes de inclusión y derechos, el fortalecimiento de las capacidades estatales y el robustecimiento del mercado interno de consumo encuentran severos obstáculos en una matriz productiva dependiente, concentrada y basada en la expoliación de rentas  que detenta casi en su totalidad la clase dominante.

La fabulosa riqueza del complejo sojero-exportador obtenida en base a ventajas diferenciales (riqueza que el gobierno nacional intenta que sea mínimamente socializada en base a las retenciones, lo que le valió un conflicto gigantesco en el 2008) lejos está de constituir la base de acumulación de un proceso productivo mas integrado, diversificado y con mayor valor colectivo agregado.

Gran parte de esa riqueza sólo ha tenido como fin la constitución de otros sistemas de renta o capitalización especulativa. Como por ejemplo el gigantesco desarrollo de emprendimientos inmobiliarios (torres, shoppings, countries, hoteles etc) que han acentuado el proceso de valorización del suelo urbano y la consiguiente exclusión de los sectores populares al acceso de tierras.

De esta manera se configura un régimen de desigualación urbana creciente, no solo en materia de acceso a la vivienda sino en todo lo que concierne al “derecho a la ciudad” (transporte, ocio, salud etc) una especie de apartheid urbano donde los sectores mas humildes son recluídos, segmentados y controlados en barriadas bien localizadas. Esa realidad, palpable en los suburbios de ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Santa Fe, contiene a su vez una serie de elementos y prolemáticas sociales preocupantes.

Redes ilegales y el rol policial

Exclusión social y delincuencia no poseen un correlato automático, pero es evidente que las organizaciones delicitvas  (Que no está armadas por pobres) utilizan los márgenes de exclusión y marginalidad para generar un verdadero sistema con jeraquías, ordenamientos y códigos. Una especie de mecanismo de acceso y ascenso social vertiginoso para quienes no pueden alcanzarlo a través de los mecanismos ciudadanos (trabajo formal, educación)

La constitución de estas redes ilegales de robo, trata, droga vincula y articula de manera original a una porción de los sectores sociales marginalizados y excluídos con sectores de poder económico y político: empresas clandestinas de lavado, funcionarios, jueces y por supuesto fuerzas policiales.

Estas últimas al tiempo que forman parte del circuito y lo utilizan como parte para la confección de su caja complementaria, constituyen una suerte de regulación de los ritmos y el volumen de estos espacios y su accionar, también proporcionan “protección” a quienes ejercen las actividadades delictivas.

Desafíos

Volviendo a los sucesos ocurridos en estos días,  nos dejan entrever toda esta trama compleja cuya resolución se torna un desafío estratégico no solo para el gobierno, sino para el conjunto de la dirigencia política de  nuestro país.

Los riesgos para el sistema democrático que hasta el momento pudimos desarrollar son evidentes. Es un desafío que enfrenta nuestro país pero también la mayoría de los países de la región que atraviesan problemas similares o superiores.

Sin dudas enfrentar este desafío constituye parte de lo que nosotros entendemos debe ser la profundización hacia un país con justicia social y soberanía popular. Para ello debemos comprender que  no se trata solamente un problema de la política de seguridad. Es una cuestión integral que involucra los derechos humanos y la discusión sobre elmodelo de desarrollo.

 El partido de fondo es entre el avance hacia una Democracia plena y popular o el gobierno de facto del complejo corporativo de grupos económicos, sectores privilegiados y las redes delictivas.