Editorial: La Ley de Medios y la irreversible batalla de la democracia frente a las corporaciones. Por Jorge Makarz

Por Jorge Makarz

Dos semanas atrás habíamos asistido a un nuevo intento de los poderes concentrados de nuestro país, con relativo éxito, en resistirse a aceptar que su poder no es absoluto y que su actuación tiene que adaptarse a las reglas del juego democrático. En el marco del esperado agotamiento del recurso cautelar interpuesto por el Grupo Clarin, que frenaba un conjunto de artículos importantes de la Ley de Medios Audiovisuales –el 7D-, el fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial del 7 de diciembre fue lamentable. Con la grosera particularidad de que un camarista que actúa en esa instancia tiene relación con el conglomerado empresario Clarín (viajes y seminarios pagos organizados por la empresa), es decir, el grupo económico sobre el que tenía que juzgar, el fallo de la Cámara prorrogaba la cautelar hasta que hubiera “sentencia definitiva” y opinaba sobre cuestiones que nunca les habían sido requeridas, como el otorgamiento de 1 año más al Grupo para presentar el plan de adecuación una vez vencidas las cautelares. En otras palabras, una nueva maniobra corporativa, en asociación con un sector del poder judicial, para frenar una de las leyes antimonopólicas más importantes, con un inédito debate público previo y votada mayoritariamente por un Congreso de composición plural hace ya más de 3 años.

Desde el pasado viernes 14, las cosas parecen volver a su lugar, aunque esta expresión nunca es tranquilizadora cuando se está enfrentando -con la ley en la mano y la democratización de la información y la comunicación en el horizonte- un tejido de intereses y privilegios históricos renuentes a ceder su hegemonía económica y cultural. La sentencia del juez Alfonso (que coincide con el fiscal Uriarte) rechazó la inconstitucionalidad alegada por el Grupo Clarín y, aun más, dejó sin efecto la tan mentada medida cautelar. En cuanto a los argumentos del fallo, uno de los puntos más interesantes es que diferencia claramente (siguiendo el criterio de la Corte) las violaciones a la libertad de expresión de los eventuales perjuicios patrimoniales de este caso y que éstos últimos no justifican declarar la inconstitucionalidad. (M Wainfeld, Página 12, 15/12). En ese sentido, la libertad de expresión no otorga inmunidad frente a la responsabilidad por excesiva concentración de propiedad de los operadores de telecomunicaciones (G. Arballo,saberderecho.com) Asimismo, rescata uno de los valores esenciales del sentido de la Ley de Medios –la promoción de la pluralidad y el papel de la regulación del mercado para garantizarla- que entre tanto debate jurídico y enmarañamiento por parte de Clarín por descalificar y parcializar la propia ley, es importante volver reconocer. La sentencia valida el interés público en la gestión de segmentos del espectro radioeléctrico de medios, habla de que debe prevalecer el derecho de los espectadores y no de los emisores y aclara que la Autoridad de aplicación (Afsca) ha de reconocerse facultades para establecer limitaciones a los prestadores de servicios de radiodifusión con el fin de evitar la excesiva concentración en manos de un único operador, y favorecer, por tanto la diversidad.

En lo que sigue respecto del camino judicial, se prevé que Clarín apelará a la Cámara y, de ser concedida la apelación, el Gobierno planteará un per saltum, que llevará el caso a la Corte Suprema para que resuelva la cuestión de fondo. Pero, en el medio, mientras esto no ocurra, la Afsca ya anunció que está en condiciones de iniciar esta semana el proceso de oficio, con la tasación de las licencias y los bienes del Grupo, un proceso que se extendería más de 3 meses.

En el terreno de lo pendiente, y que solo en parte la resolución favorable de este obstáculo judicial oxigenaría, queda seguir desarrollando todos los otros elementos de la implementación de la Ley de Medios que aun son incipientes. Este es un gran desafío político: la efectiva aplicación y generación de dispositivos que garanticen la apertura democrática de voces y un verdadero cambio de paradigma de cómo se concibe la información y la comunicación. El pueblo como sujeto del derecho a la información y lo público como referencia del espacio a través del cual se emiten las señales de la comunicación audiovisual –banderas políticas centrales de la nueva regulación- deberían ser consignas suficientemente convocantes para que, recuperando todo el impulso generado alrededor de la discusión y aprobación de la norma en 2009, se pueda avanzar en las transformaciones de fondo, vinculadas al desarrollo sociocultural de un nuevo tipo de comunicación. Es decir, en el cambio –no solo cuantitativo sino también cualitativo- del mapas de medios de la Argentina: la diversificación y federalización de los canales audiovisuales en todo el territorio; la multiplicación de fuentes de trabajo en el sector; la incorporación de medios de universidades y sectores de la sociedad civil; las cuotas y promoción de la producción local; el impulso del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (BACUA), entre otros.

El derrotero iniciado en 2009 (que incluye los años de herencia de lo que la democracia no había podido conseguir desde el fin de la dictadura) en torno a la Ley de Medios y su aplicación, muestra de manera emblemática la voluntad y tenacidad del proceso político del kirchnerismo por cambiar la lógica de subordinación de la política por el poder económico, que había dominado la escena en los años noventa. La reconstrucción de la legitimidad estatal por desactivar núcleos de poder comandados por la lógica mercantil y ponerlos a favor de la democracia y el interés público (como también sucedió con YPF, el fin de las AFJP, Aerolíneas, Correo Argentino, etc.) es el sello distintivo de una gestión que, desde su inicios y paso a paso, ha puesto en el debate público intereses y privilegios corporativos que, concentrados, hegemónicos y acostumbrados en compartir e incluso dominar el poder político (como nuevamente vemos estos días con las expresiones de la mayoría de los políticos opositores), obstaculizan la distribución material y simbólica de los recursos, así como la posibilidad de seguir ampliando derechos.

La firmeza del gobierno nacional por no dejarse doblegar antes las presiones -evidenciada también estos días con el fallo contra los fondos buitre de la Cámara de Apelaciones de Nueva York y la liberación de la Fragata Libertad ordenada por el Tribunal del Mar- confirma que el rumbo iniciado en 2003 necesita del apoyo popular que ratifique día a día la voluntad por seguir transformando nuestro país y que las estructuras de poder que enfrentamos seguirán reclamando sus reinos perdidos.