Estela Grassi: “El desafío es que medidas como la AUH se comprendan como un derecho y sean parte de la constitución de sujetos autónomos”. Entrevista a la Antropóloga Social, Docente e Investigadora de la UBA

Reportaje de Telémaco Subijana

Entrevistamos en exclusiva a Estela Grassi, Doctora en Antropología Social. Es Investigadora y Profesora Titular Regular de Antropología Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Maestría en Política Social de la misma Facultad. Directora del Grupo de Estudio sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo, es autora de, entre otros libros, “Políticas y problemas sociales en la sociedad neoliberal. La otra década infame I”; “Política y cultura en la sociedad neoliberal. La otra década infame (II)”; “Las Cosas Del Poder: Acerca del Estado, la política y la vida cotidiana” y “Políticas Sociales, Crisis y Ajuste Estructural” (en colaboración). En esta oportunidad, analiza el impacto social y cultural de la implementación del modelo neoliberal en Argentina y cómo el kirchnerismo habilitó el retorno de términos como “igualdad”, “distribución del ingreso” y “capacidad reguladora del Estado” al discurso político. También opina sobre la nueva orientación de las políticas sociales iniciada en el año 2003, destaca los avances legislativos y culturales en materia de género y diversidad sexual y reflexiona sobre los principales desafíos para los próximos años. Leer más.

¿Cómo impactó, en términos sociales y culturales, la implementación del modelo neoliberal en la sociedad argentina?

Tanto la hegemonía del pensamiento neoliberal como las políticas inspiradas por esas ideas en materia de políticas laborales y sociales produjeron, no sólo mayor desigualdad estructural (población en condiciones de pobreza y mayor distancia con los grupos de más ingresos), sino la perdurabilidad de esta estructura social. Esas políticas fueron posibles por la capacidad de esas visiones individualistas y, fundamentalmente, antiestatistas, de orientar el sentido común, porque se articulaban a una matriz de representación social según la cual la suerte de cada uno depende solamente del esfuerzo propio. Pero también se aunaron a un funcionamiento deficitario de los servicios y de las instituciones sociales del Estado, que daba fundamentos y hacía “creíbles” las propuestas de las privatizaciones. A su vez, la conducción política de las reformas por parte de un gobierno que apelaba a su identidad peronista, fue una condición necesaria de las transformaciones ocurridas. En conjunto, quedó una sociedad más desigual no sólo en términos de ingresos y disposición de bienes y servicios, sino por la mayor fragmentación y falta de reconocimiento entre los sectores y grupos sociales desiguales.

Puede decirse que con el kirchnerismo se produce una cambio cultural con respecto a la década de los ´90 -incluso la oposición busca despegarse del modelo neoliberal. ¿Qué opina de esto? ¿Cuáles son, en términos de impacto cultural, las transformaciones más notorias ocurridas durante los últimos años y qué rasgos de aquella época considera que perduran en nuestra cultura?

Más que un cambio cultural lo que se produce es un cambio en las posibilidades de que aquellas perspectivas (visiones, ideologías) que se habían desvalorizado por la prevalencia del individualismo y el exitismo, el antiestatismo y el desprecio por la política, vuelvan nuevamente a hacerse visibles y a exponerse públicamente. En alguna medida puede decirse que esto ocurre a partir del discurso de asunción de Kirchner como Presidente, que habilita nuevamente, hace posible, le quita esa pátina vergonzante que tenían, por ejemplo, a términos como “bien común”, “capacidad reguladora del Estado, “distribución del ingreso”, y sobre todo, “igualdad”. La igualdad retornó al discurso político, después que había sido desterrada por la más inmediata y pragmática “equidad”. Es decir que entonces, y más allá de los sentidos con que se usen, se confronten, etc., estas perspectivas salen nuevamente a la luz, se hacen audibles otra vez. Y hoy perviven las distintas matrices ideológicas, por supuesto (como antes pervivieron estas), siempre en disputa. Si se quiere, lo más notorio es que esas disputas volvieron a plantearse en clave política, son sus términos los que predominan en los debates y no los que se pretendían neutrales de la economía.

¿Cómo analiza el cambio de orientación de las políticas sociales desde el 2003?

Aunque habría que mirar esto por sectores y por períodos, hay dos cuestiones importantes a señalar: la política laboral cambia de orientación, inscribiéndose en la perspectiva del trabajo decente, según la definición de la OIT, priorizando, además, el empleo protegido (aún cuando la informalidad laboral es un problema de envergadura). Por su parte, son significativos del cambio de orientación política las reformas en la seguridad social, que empiezan con la moratoria previsional, hasta la vuelta al régimen de reparto en materia de jubilaciones, hasta la más reciente AUH, que incorpora a la seguridad social a la población que era asistida por el Plan Familias, característico de las transferencias condicionadas de ingresos. En este sentido, el cambio se advierte en los últimos años. Pero no son estas las únicas intervenciones sociales del Estado (habría que destacar la apuesta en educación, por ejemplo). Igualmente, el campo de la política social es muy fragmentado y, en ese sentido, hay mucho por hacer (y es particularmente complicado por la multiplicidad de intereses), para configurar una política y una institucionalidad que articule los diferentes sectores y evite la superposición de planes, programas, etc. en todos los niveles del Estado.

¿Cómo se ha dado este proceso en el resto de los países de América Latina?

Esto es demasiado amplio y habría que ver país por país, pero sí puede señalarse que se produjo una cierta convergencia regional que, por lo menos, se salió de la matriz de la focalización y la compensación como ejes fundamentales de la política social. Eso no quiere decir que no persistan en la región y en el país planes y programas más o menos “enlatados” (lo son de los de transferencias condicionadas de ingresos), pero tanto el Plan de Equidad de Uruguay como la AUH de Argentina se desmarcan, al constituirse en ampliaciones de la seguridad social. Pero lo común y más propio de la región es la coincidencia en “la crítica a la crítica y al Estado neoliberal”.

Mientras en nuestra región, durante los últimos años, se han implementado programas como la AUH; Bolsa Familia, en Brasil; el Plan de Equidad, en Uruguay; en Europa los planes ajuste están desmantelando los Estados de Bienestar. ¿Cómo analiza este proceso?

En realidad, la cuestión de la “crítica al bienestarismo” estaba tan presente en aquellas décadas de fin de siglo en Europa como acá; de hecho, gran parte de las lecturas que ayudaban a pensar esas críticas a quienes descreíamos de que la sociedad no es más que un mercado, venían de teóricos e investigadores europeos. Pero sus instituciones sociales resistieron bastante hasta ahora, salvo en la era Thatcher, que con Reagan en EEUU fueron la punta de lanza de las transformaciones de los Estados desde el Estado mismo (de eso se trataron las políticas neoliberales).

Ha realizado diversos estudios sobre género. ¿Cómo analiza los avances legislativos y cuáles considera que son las asignaturas pendientes en materia de género?

En esta materia se vienen produciendo cambios normativos desde los inicios de la democracia y más recientemente, además, se advierten cambios en los comportamientos y en la comprensión del tema de la sociedad. Sin embargo, no es una cuestión cerrada ni mucho menos y un problema de mucha gravedad es el de la violencia con las mujeres. Incluir la categoría de femicidio entre los delitos es muy importante; pero además falta mucho para cambiar las instituciones, principalmente las de la justicia y las policiales, para hacer que se tomen precauciones y se acepten las denuncias, sin aumentar la violencia con las víctimas.

Dada la matriz cultural patriarcal y heterosexual que ha predominado en nuestra sociedad, ¿cómo cree que ha impactado la nueva legislación en materia de género y diversidad sexual -Matrimonio Igualitario e Identidad de Género?

Estas normas son la expresión institucional de cambios culturales con los que tiene mucho que ver la lucha política de las organizaciones que militan hace años tras el reconocimiento y la igualdad civil de todas las personas, cualquiera sea su orientación sexual.

Recientemente en las provincias de Córdoba y Tucumán se aprobó legislación sobre la prostitución. ¿Cómo analiza el debate entre abolicionistas y no-abolicionistas y cómo cree que debería actual el Estado?

Este es un problema irresuelto que oscila entre el derecho de cada una de decidir qué hace con su cuerpo (venderlo o alquilarlo, por ejemplo); la posibilidad de la explotación del cuerpo de las mujeres por otros; y las ideologías machistas que también perviven y seguramente explican la demanda de sexo pago e, incluso, el consumo mediático del cuerpo de las mujeres. En general, me inclino por discutir la prostitución como “trabajo” y, por supuesto, contra todos los mecanismos que favorezcan su explotación. Después, cada uno/una puede tener la cantidad y formas de intercambios sexuales que quiera, si lo hace a conciencia, pero el mercado es otra cosa…

¿Cuáles considera los desafíos pendientes en materia de política sociales para los próximos años?

Hay algunos núcleos de problemas que no por reconocidos son fáciles de encarar y que se hallan articulados entre sí: pobreza, informalidad laboral y seguridad social. En este último caso, una cuestión es cómo ampliar las protecciones y tener un sistema relativamente sostenible en el tiempo.

Pero también, hay problemas que corresponden al orden de lo simbólico: cuando el trabajo se hizo más precario en general (aún cuando mejore la formalidad), y en contextos donde, además, perdió centralidad como vector de pertenencia y valoración, y como recurso de mantenimiento y autovalía, el problema es cómo recrear los lazos de pertenencia; cómo hacer para que las políticas de derecho (la AUH, por ejemplo), se comprendan como derecho y al mismo tiempo, sean parte de la constitución de sujetos autónomos, de sujetos de derecho no dependientes.

Al respecto y pensando principalmente en los jóvenes, hay un espacio de acción política que es necesario cubrir, más allá de la escuela (aunque la comprende) y de la militancia política. Quiero decir que son necesarias muchas más instituciones y servicios que permitan a las personas desarrollar habilidades, cultivar talentos en áreas diversas de la vida (deportiva, culturales, técnicas, etc.). Esas que para sectores con capacidad adquisitiva están disponibles en el mercado. Se trata de disciplinas que enriquecen la vida de las personas y pueden permitir encontrar lugares de pertenencia, de identificación, de valoración, que compitan con las ofertas de las redes de delincuencia. Esto debe ser una política social, más aún, una política de Estado asumida con tanta centralidad como puede tener la educación; no pueden ser acciones aisladas, asistenciales “para pobres” ni libradas a la buena voluntad de organizaciones civiles o religiosas. Tiene que ser tan universal y común como la escuela, para generar valía y reconocimiento mutuo, y porque se trata de satisfacer necesidades humanas, más allá de la sobrevivencia o la existencia material.